La negativa de la empresa Vizsla Silver a pagar cuotas excesivas desató el secuestro de 10 mineros; autoridades identifican a «El Casco», de la facción de Los Chapitos, como responsable.
La crisis de seguridad en la región de Concordia, Sinaloa, ha alcanzado niveles críticos tras revelarse los detalles de una red de extorsión que asfixia a la industria minera. Según investigaciones presentadas por la periodista María Idalia Gómez, la empresa canadiense Vizsla Silver era obligada a pagar una cuota mensual de 200 mil pesos para operar. Sin embargo, debido a la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, la exigencia escaló drásticamente: el grupo criminal demandó la entrega de la mitad de la producción total de la mina.
La negativa de la compañía a ceder ante esta nueva imposición derivó en el secuestro de al menos 10 trabajadores el pasado 23 de enero. Gómez detalló que detrás de este esquema se encuentra Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, jefe de plaza de Los Chapitos en la zona, quien busca obtener recursos urgentes ante el conflicto armado contra la facción de “El Mayo” Zambada y los bloqueos financieros impuestos por Estados Unidos.
Identifican a víctimas en fosa clandestina
Tras días de incertidumbre y operativos de búsqueda, el pasado 8 de febrero se confirmó el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en el sur de Sinaloa. Hasta el momento, se ha logrado identificar a tres de los mineros desaparecidos:
José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas.
José Manuel Castañeda Hernández, geólogo identificado por señas particulares y tatuajes.
Ignacio Aurelio Salazar Flores, cuya muerte fue confirmada por autoridades académicas y legislativas de Zacatecas.
Modus operandi y control territorial
La periodista experta en seguridad subrayó que el control de «El Casco» y su hermano Gabriel Nicolás no es reciente, sino el resultado de años de abandono institucional en zonas que hoy funcionan como «territorios liberados» para el crimen. Este modelo de extorsión, similar al que padece la industria del aguacate, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los grupos delictivos ante el cierre de rutas tradicionales de tráfico.
Pese a que la minera ya había pausado sus labores de campo en 2025 por la violencia, la presión criminal no cesó. Colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras han exigido a las autoridades estatales y federales total transparencia en la identificación del resto de los trabajadores secuestrados, mientras la comunidad minera de Zacatecas y Sinaloa permanece en luto.
Fuente: Aristegui en Vivo / María Idalia Gómez | © Redacción NoticiasPV