El Departamento de Justicia de los Estados Unidos radicó un expediente penal de 34 fojas que acusa formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros 9 servidores públicos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Un expediente judicial de 34 fojas, radicado por el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York y perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, salió a la luz pública detallando graves cargos penales contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exservidores públicos de la entidad. El documento técnico, que ahora es de interés general, plantea una presunta red de complicidad institucional orientada a favorecer a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa para el tráfico internacional de estupefacientes.
A través del análisis detallado de la acusación formal, la justicia estadounidense imputa el cargo de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, señalando que los involucrados utilizaron su poder público para permitir el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. A continuación se desglosa la participación individual y las conductas atribuidas a cada uno de los señalados en el expediente:
Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Se le acusa de sostener encuentros con líderes del cártel antes y después de los comicios de 2021. La investigación sostiene que la organización criminal operó a su favor mediante el secuestro de rivales políticos y el robo de urnas, recibiendo a cambio impunidad y la asignación de puestos estratégicos en el gobierno para personas afines al grupo.
Enrique Inzunza Cázarez (Senador y exsecretario general de Gobierno): Vinculado en el documento con reuniones destinadas a trazar planes de protección y apoyo desde la estructura del estado.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Es señalado de haber operado como enlace de comunicación y de filtrar información privada de candidatos opositores durante el proceso electoral de 2021.
Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal general de Sinaloa): Se le imputa la recepción de sobornos mensuales a cambio de alertar al cártel sobre operativos policiacos coordinados por agencias estadounidenses.
Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefes de la Policía de Investigación): Acusados de liberar a miembros de la organización delictiva y de perseguir judicialmente a grupos rivales.
Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública) y José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal): Señalados por dar aviso previo sobre cateos y redadas en laboratorios clandestinos de droga.
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): La fiscalía neoyorquina indica que presuntamente ha permitido el libre tráfico de estupefacientes en la capital sinaloense sin la intervención de la policía municipal.
Juan Valenzuela Millán (Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Implicado en la dispersión de pagos ilícitos a agentes municipales y en la utilización de recursos públicos a favor del cártel.
Este complejo panorama deriva en la emisión de órdenes de detención con fines de extradición, un hecho que provoca tensiones diplomáticas directas con el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una postura firme en defensa de la soberanía nacional, exigiendo que las autoridades de Estados Unidos presenten evidencias contundentes que respalden el caso. De acuerdo con el gobierno mexicano, la falta de pruebas claras sugiere que la medida de la fiscalía estadounidense podría responder a motivaciones políticas para desacreditar a la administración actual, según el Gobierno de México.
Fuente: Departamento de Justicia de los EE. UU. (Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York) | © Redacción NoticiasPV