Diversos exintegrantes del culto religioso hicieron un llamado al Gobierno de México para que las víctimas del “Apóstol de Jesucristo” y su iglesia puedan conseguir justicia actualmente
La presentación de nuevos cargos federales en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, y varios de sus allegados, provocó una reacción inmediata entre víctimas y exintegrantes de la congregación, quienes celebraron los arrestos como un paso hacia la justicia largamente esperada por los actos del “Apóstol de Jesucristo”.
“Era una demanda de larga data. En especial, la captura de la madre de Naasón y de su primo Joram Núñez Joaquín. Aún faltan más miembros del clan por investigar”, declaró a la agencia EFE Sharim Guzmán, vocero de un grupo de víctimas y esposo de la exintegrante Sochil Martin.
Guzmán añadió que esperan una “justicia completa” en la que “esa institución no siga aprovechándose de los miembros ni de los gobiernos”. El fiscal federal Jay Clayton sostuvo igualmente que los acusados “se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos” y que “recurrieron a su influencia religiosa y financiera para intimidar y silenciar a las víctimas”.
Por su parte, el agente especial de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), Ricky J. Patel, dijo que la investigación representa “el fin de un ciclo de victimización”.
Las acusaciones incluyen crimen organizado, tráfico sexual, explotación y pornografía infantil, así como el mantener una red criminal de negocios ilícitos como “figuras religiosas”.
La “Empresa Joaquín LLDM”: el negocio clave
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los cargos alcanzan a García, su madre Eva García de Joaquín, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, su sobrino Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña.
Los documentos judiciales describen a este grupo como la “Empresa Joaquín LLDM”, una red criminal que durante décadas habría utilizado la estructura de la iglesia para facilitar abusos sexuales sistemáticos, lograr el desvío de recursos financieros y obstruir investigaciones.
Las penas previstas incluyen cadena perpetua para los principales acusados y condenas de hasta 30 años para otros implicados. Todo depende, según las propias instituciones de justicia y seguridad norteamericanas, de la gravedad de los cargos.
Arrestos y prófugos de la justicia
EFE detalló que Joaquín García, de 56 años, cumple actualmente una condena de 16 años en California por abuso sexual infantil, pero fue puesto bajo custodia federal para ser trasladado a Nueva York. Su madre fue detenida en Los Ángeles durante un operativo en la mansión familiar; mientras que Joram Núñez Joaquín fue capturado en Chicago y enfrenta hasta 20 años de cárcel.
Otros acusados, como Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña, permanecen prófugos. Las autoridades creen que se encuentran en México y ya han solicitado cooperación para su localización y extradición.
Una red de abuso y corrupción religiosa para obtener lujos y material sexual
Los documentos judiciales describen un modus operandi basado en la manipulación de la fe. Se inculcaba a los feligreses la idea de que la obediencia absoluta a Joaquín García era indispensable para evitar la condena eterna, lo que permitía seleccionar y preparar a adolescentes y mujeres jóvenes para ser víctimas.
Además, los cómplices producían material de abuso sexual, destruían pruebas y utilizaban donaciones de la iglesia para viajes de lujo, adquisición de artículos sexuales y traslado de víctimas.
En ese contexto, Joram Núñez se hacía pasar por abogado para disuadir denuncias; mientras, Silem García Peña, como jefe de relaciones públicas, frenaba la difusión de escándalos.
Impacto comunitario y respuesta oficial
La presencia de agentes federales en barrios latinos de Los Ángeles generó temor entre los vecinos, aunque la acción se centró en la red delictiva de la iglesia. En México, la sede internacional en Guadalajara sigue bajo observación pública.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que los nuevos cargos buscan sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales dentro de organizaciones religiosas, al tiempo que reconocieron la valentía de las víctimas que rompieron el silencio.