La presidenta del SNA y colectivos ciudadanos exigen que la gobernadora se aparte del cargo para no entorpecer las indagatorias que señalan a su exesposo de recibir sobornos del crimen organizado.
La permanencia de Marina del Pilar Ávila Olmeda al frente del gobierno de Baja California ha sido cuestionada tras confirmarse que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por delitos de alto impacto. La presión social y política escaló este miércoles, con activistas exigiendo su separación inmediata del cargo bajo argumentos de ética y transparencia.
Vania Pérez Morales, presidenta del Comité del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue enfática al señalar que la gobernadora debe pedir licencia para garantizar la imparcialidad en un caso que involucra tráfico de armas y narcotráfico. A esta postura se sumó la activista Ceci Huchin Mora, quien advirtió que la función pública se ve degradada cuando los intereses particulares de los mandatarios se cruzan con carpetas de investigación criminal.
Marina del Pilar admite que «ya sabía»
En su conferencia matinal desde Tijuana, la gobernadora intentó suavizar el impacto de la noticia admitiendo que tenía pleno conocimiento del caso. «¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos», afirmó, minimizando el hecho al calificarlo como un tema que ya se había filtrado a la prensa hace meses. Pese a las exigencias de renuncia, la mandataria se limitó a decir que confía en el trabajo de la Fiscalía.
Las graves acusaciones contra Carlos Torres
Mientras la gobernadora defiende la legalidad de su administración, la investigación de la FGR detalla una presunta estructura de corrupción alarmante:
Pagos Mensuales: Se le acusa de recibir 150 mil dólares cada mes por parte de Pedro Ariel Mendivil García para proteger las operaciones del grupo criminal «Los Rusos».
Delitos Federales: El expediente incluye cargos por narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
Red de Familiares: También se investiga a su hermano, Luis Alfonso Torres, por el manejo de capitales ilícitos mediante empresas fachada.
Por su parte, Carlos Torres emitió una misiva calificando las acusaciones como «calumnias anónimas» y aseguró estar a disposición de las autoridades, aunque la magnitud de las pruebas presentadas ante la FGR desde junio de 2025 sugiere un panorama legal mucho más complejo que pone en jaque la credibilidad del gobierno estatal.
Fuente: Conferencia de Prensa Tijuana | © Redacción NoticiasPV