Agencias de EE. UU. y reportes de investigación exhibieron el imperio de impunidad del hijo del expresidente, salpicado por contratos opacos, lavado de dinero y complicidades con el narcotráfico.
El entramado de tráfico de influencias, saqueo de recursos públicos y complicidad criminal que rodea a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como «Andy», quedó al descubierto tras revelarse que agencias del gobierno de Estados Unidos indagan sus nexos directos con el contrabando masivo de combustible y estructuras del crimen organizado.
La máscara de austeridad del clan presidencial se desmoronó al documentarse el papel clave de su socio e íntimo amigo, Jorge Amílcar Olán, señalados de operar millonarias asignaciones irregulares en obras insignia del sexenio anterior, así como transferencias sospechosas por más de 3 mil millones de pesos detectadas en el extranjero sin que las autoridades hacendarias mexicanas movieran un solo dedo.
Las sospechas de narcocorrupción escalan al vincularse al círculo cercano de los hermanos Olán con operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país, exponiendo una red de protección e impunidad que salpica tanto al llamado «Grupo Tabasco» como a la cúpula política que hoy intenta frenar filtraciones ante la justicia norteamericana.
A pesar del escándalo internacional y los señalamientos que sitúan a López Beltrán en el centro de una de las tramas de corrupción más descaradas de la historia reciente, las instituciones de procuración de justicia en México continúan manteniendo un cerco de protección sobre el hijo del exmandatario.
Fuente: Reportajes de The New York Times / Análisis periodístico de El Financiero | © Redacción NoticiasPV
