El exfuncionario, antiguo titular del Seguro Popular en Jalisco, enfrenta cargos por utilizar fondos del año 2016 para pagar excedentes millonarios de facturas de 2013. La denuncia proviene de la Contraloría del Estado y está siendo investigada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco. Además, ya cumple condena en Puente Grande por desvío de fondos y otros delitos anteriores.
Comunicado | Antonio “N”, exdirector general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, fue vinculado a proceso esta tarde por el delito de peculado y se ordenó prisión preventiva en su contra, como media cautelar.
El pasado lunes se llevó a cabo la apertura de la audiencia inicial en los juzgados de Puente Grande, donde se presentó el caso ante el Juez Noveno de Control y Oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, quien atendió la petición de la defensa del imputado de acogerse al término constitucional para continuar hoy con el desahogo de la audiencia, y tras escuchar a las partes, resolvió vincular a proceso a Antonio “N” por el delito de peculado que comente el servidor público que distraiga dinero perteneciente al organismo descentralizado “si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito”, según establece el Código Penal estatal.
Por lo anterior, el Juez Noveno ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal, tal y como lo señaló la suspensión provisional que obtuvo mediante un amparo el hoy vinculado a proceso.
El exfuncionario que fuera titular del extinto Seguro Popular en Jalisco fue señalado por haber destinado recursos del ejercicio fiscal de 2016 para pagar excedentes, que representan cifras millonarias, de facturas generadas en el año 2013, en denuncia presentada por la Contraloría del Estado e integrada en una carpeta de Investigación por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, que presentó el caso ante el juez.
Cabe señalar que Antonio “N” se encuentra recluido en Puente Grande, luego de que 3 de octubre de 2022 fue declarado culpable del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, por otra carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que fue sentenciado a 9 años de prisión tras un juicio de oralidad, y meses antes ya había recibido otra sentencia agosto de ese año por otro delito, derivado de otra carpeta de investigación.
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