El Departamento de Justicia de la Unión Americana abrió una segunda investigación en Florida enfocada en la estructura financiera del líder venezolano, utilizando información del extraditado empresario Alex Saab.
Las presiones judiciales internacionales sobre las cúpulas políticas de Sudamérica sumaron un nuevo capítulo en los tribunales estadounidenses. El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos inició de manera formal una segunda investigación criminal de carácter penal en contra de Nicolás Maduro, concentrando las indagatorias en la ciudad de Miami, Florida. El desglose de este nuevo expediente se enfoca de manera primordial en la persecución de presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales vinculados a la administración del dirigente venezolano.
La apertura de esta causa cobró tracción tras la detención y procesamiento del empresario colombiano y exministro de Industria venezolano, Alex Saab, quien es catalogado por los cuerpos de inteligencia de la Unión Americana como el principal operador financiero y presunto testaferro de Maduro. Saab fue deportado a territorio norteamericano el pasado 16 de mayo para responder por cargos de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras ilícitas, derivadas de la supuesta explotación corrupta de los programas gubernamentales de asistencia alimentaria en Venezuela. Los fiscales federales proyectan que la información en posesión de este individuo constituye el insumo más valioso para desarticular los flujos monetarios internacionales del investigado.
De acuerdo con informes internos de las agencias de procuración de justicia, este segundo procedimiento penal fue diseñado desde el mes de marzo debido a las inquietudes expresadas en privado por la Casa Blanca y el DOJ respecto a la solidez del primer juicio que enfrenta el político venezolano en Nueva York. En aquel distrito del noreste, a Maduro se le imputan delitos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de estupefacientes y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar; sin embargo, los expedientes carecían de imputaciones técnicas en materia de lavado de dinero, laguna jurídica que pretende subsanarse con este nuevo litigio en el sur de Florida.
La conducción del caso fue asignada formalmente al fiscal federal Michael Berger, un especialista adscrito al desahogo de procesos criminales de envergadura internacional. En la recopilación de evidencias operan de manera conjunta elementos de la Oficina Federal de Investigación (FBI), agentes adscritos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y personal especializado de la sección de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos, quienes rastrean las cuentas e identidades falsas empleadas para ocultar el origen de los fondos bajo sospecha.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV