Estados Unidos inicia juicios por narcoterrorismo contra siete personas

6 junio, 2025
El gobierno de Estados Unidos activó una nueva estrategia de seguridad nacional al judicializar a siete personas por narcoterrorismo, tras la firma de la Orden Ejecutiva 14157 que califica a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas extranjeras.

infobae.com

En el marco de una nueva estrategia de seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos inició los debidos procesos judiciales contra siete personas acusadas de narcoterrorismo, un cargo inusualmente utilizado en este tipo de casos.

Esta acción surge tras la emisión de la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente estadounidense el 20 de febrero de 2025, la cual designa a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Los primeros siete acusados bajo esta nueva política son dos colombianos, tres mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses. Según el Departamento de Justicia (DOJ), se les imputa por tráfico de drogas, armas y petróleo, así como por brindar apoyo material a organizaciones consideradas terroristas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.

Primeros tres mexicanos con carpeta de investigación abierta bajo la etiqueta “narco terrorism”

En mayo, la Fiscalía de Texas presentó cargos por narcoterrorismo contra dos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva: Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel. Se les vincula con una vasta red de producción y tráfico de fentanilo.

La investigación se intensificó a causa de que las autoridades mexicanas incautaron más de 1.6 toneladas de fentanilo en Sinaloa, el decomiso más grande a nivel mundial hasta ese momento. Ambos se encuentran prófugos, presuntamente en Los MochisSinaloa.

María del Rosario Navarro Sánchez,María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Otra acusada es María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, detenida en Jalisco. Se le atribuye haber intentado suministrar equipamiento armamentístico al CJNG y operar una red de mensajeros para el tráfico de metanfetaminas hacia Texas y tráfico de personas migrantes.

Estadounidenses bajo la mira por presuntos nexos con cárteles mexicanos

Los estadounidenses Maxwell Sterling Jensen y James Lael Jensen enfrentan cargos por conspirar para brindar apoyo al CJNG a través de una empresa fachada, Arroyo Terminals, en Texas.

La firma supuestamente facilitó operaciones financieras ilegales relacionadas con contrabando de petróleo crudo. El caso ha sido catalogado como “complejo” por la fiscalía federal debido al volumen de pruebas.

La familia es vinculada conLa familia es vinculada con el CJNG por presuntas actividades de huachicoleo. (X/@misterPiicassso)

Dichas acusaciones reflejan un cambio sustancial en la política estadounidense de combate al crimen organizado transnacional, al vincular directamente a los cárteles con el terrorismo.

De acuerdo con el sitio oficial del Departamento de Justicia, el uso del término “narcoterrorismo” busca aplicar sanciones más severas y ampliar el margen legal para perseguir a individuos y redes que operan en varios países y que representan una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU.

Primer acusado de narco terrorismo ya investigado en EEUU

Uno de los primeros casos presentados ocurrió en marzo de 2025, en la Corte del Distrito Sur de California, contra Geovany Andrés Rojas, alias La Araña, presunto líder de los Comandos de Frontera.

De acuerdo con la acusación, Rojas coordinó el envío de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos, y se le señala por haber proporcionado recursos económicos a organizaciones involucradas en actividades terroristas.

Estas acciones forman parte de la iniciativa Operation Take Back America, que busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades estadounidenses del crimen violento.

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