El gobierno de Donald Trump escalará su estrategia de presión; ya no solo cancelará visas, sino que presentará acusaciones formales ante tribunales federales por nexos con el crimen organizado.
La clase política mexicana, acostumbrada históricamente a la simulación y la protección institucional, enfrenta ahora una amenaza real que viene del norte. De acuerdo con una reveladora investigación de Los Angeles Times, la administración de Donald Trump ha decidido dejar atrás la diplomacia de «revocación de visas» para pasar a la acción penal directa, preparando expedientes y acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos contra funcionarios ligados a los cárteles de la droga.
Esta nueva ofensiva anticorrupción fue anticipada por el embajador Ronald Johnson durante su reciente visita a Sinaloa, donde lanzó una advertencia letal: la corrupción en México ya no es solo un problema interno, sino un obstáculo directo para la inversión extranjera que «se está secando». Bajo esta lógica, Washington ya no se limitará a cerrar la frontera a los políticos sospechosos, sino que buscará su captura y procesamiento bajo el rigor de la justicia estadounidense, tal como ha ocurrido con figuras de alto perfil en el pasado.
La purga ya ha comenzado a nivel administrativo con la cancelación de visas a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Sin embargo, el caso más emblemático citado por el diario estadounidense es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien se encontraría sin visa desde el año pasado por sus presuntos vínculos con grupos delictivos. La advertencia es clara: la protección política en México no servirá de escudo ante los tribunales de Estados Unidos, que ya tienen en la mira a la «élite» que ha permitido que el crimen organizado se infiltre en las estructuras del poder.
Fuente: Investigación de Los Angeles Times (Steve Fisher) | © Redacción NoticiasPV