Un diagnóstico de organizaciones civiles y la Universidad Iberoamericana revela graves discrepancias entre las cifras oficiales y la realidad de los hallazgos en el país.
Un reciente informe elaborado por la Plataforma Ciudadana de Fosas, en colaboración con Artículo 19 y la Universidad Iberoamericana, ha puesto al descubierto la crítica situación de las desapariciones y hallazgos de restos humanos en territorio nacional. El estudio identifica a Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua como las cinco entidades que concentraron el mayor número de fosas clandestinas reportadas entre 2023 y 2024.
El documento subraya una realidad alarmante: la ausencia de un registro nacional público y homologado impide conocer la verdadera dimensión de esta crisis. Mientras los medios de comunicación documentaron la localización de 1,006 fosas en el periodo reciente, las fiscalías estatales reportaron 1,451, evidenciando una desconexión profunda entre las fuentes de información y la falta de criterios claros para clasificar los hallazgos.
Caos en las cifras oficiales
La disparidad en los datos es especialmente notoria al contrastar la información de la Fiscalía General de la República (FGR), que apenas registró 94 casos mediante transparencia, frente a las cifras mucho más elevadas de las fiscalías locales. Esta brecha sugiere un preocupante subregistro y una falta de coordinación institucional que obstaculiza la rendición de cuentas.
En cuanto a la recuperación de cuerpos, los registros independientes contabilizaron 2,017 víctimas exhumadas y más de 2,700 restos óseos en el último bienio. Sin embargo, los sistemas oficiales solo reconocen una fracción de estas identificaciones, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
Un registro ciudadano ante la omisión estatal
Ante la inexistencia de una versión pública y accesible del Registro Nacional de Fosas, los colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han asumido la labor de sistematizar los datos desde el año 2006. La Plataforma Ciudadana enfatiza que esta labor es vital para garantizar el derecho a la verdad, ante un Estado que no ha logrado unificar sus bases de datos ni ofrecer transparencia en una de las problemáticas más sensibles de la seguridad pública en México.
Fuente: Prensa Ibero y Plataforma Ciudadana de Fosas | © Redacción NoticiasPV
