Aunque el mandatario sinaloense niega las imputaciones, los expedientes abiertos en México y Estados Unidos mantienen vigente la posibilidad de juicio político, aprehensión y extradición.
El retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa se desarrolla en medio de un complejo panorama jurídico, debido a las investigaciones multilaterales que se mantienen abiertas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mientras el mandatario sostiene que las acusaciones responden a una ofensiva política en su contra, las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) en México continúan con la integración de sus respectivos expedientes.
En el ámbito penal nacional, si la FGR acredita la comisión de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho o asociación delictuosa, el Ministerio Público Federal podrá solicitar a un juez de control las correspondientes órdenes de aprehensión. En paralelo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa faculta al Congreso Local para iniciar un procedimiento de juicio político y destitución del cargo, independientemente de la evolución de las carpetas ministeriales.
Por su parte, el escenario internacional contempla la solicitud formal que autoridades en Washington han girado respecto a medidas precautorias para una eventual detención con fines de extradición. De ser requerida por una corte federal estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y conspiración, la solicitud deberá desahogarse conforme al tratado bilateral vigente y la legislación mexicana. De concretarse el traslado a tribunales extranjeros, el funcionario podría enfrentar penas severas de privación de la libertad y el decomiso de bienes patrimoniales.
La reincorporación de Rocha Moya al Poder Ejecutivo estatal tras 112 días de licencia no extingue la vigencia de las indagatorias. El hecho provocó posturas de distanciamiento dentro de la dirigencia nacional de Morena y señalamientos por parte de la Presidencia de la República respecto a la falta de consulta institucional.
A la par de estos expedientes, las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los acontecimientos derivados del secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada y el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén, caso en el que la reciente detención de testigos clave como Fausto Corrales aporta nuevos elementos a la causa penal. Por el momento, la situación jurídica de Rocha Moya se encuentra supeditada al desahogo de pruebas y a las resoluciones que emitan los tribunales competentes.
Fuente: Expedientes Judiciales / FGR / Departamento de Justicia de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV
