A menos de un año de su conformación, el Máximo Tribunal del país enfrenta una serie de cuestionamientos públicos por gastos suntuarios, videos promocionales en sus instalaciones y conductas de sus integrantes que contradicen los discursos de austeridad institucional.
El desempeño administrativo y la proyección pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumulan saldos críticos a pocos meses de haber asumido funciones su actual plantilla jurídica el pasado 1 de septiembre de 2025. Los cuestionamientos en torno a la ejecución de los recursos y la disciplina interna alcanzaron un punto álgido este jueves 21 de mayo de 2026, tras confirmarse investigaciones oficiales e inhabilitaciones inmediatas en el recinto de Pino Suárez.
El detonante más reciente derivó de la filmación de dos videos comerciales para la plataforma TikTok de la marca de botanas «Snack’in», efectuados en los pasillos del tercer piso de la sede judicial por al menos tres colaboradoras adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo. Mediante una tarjeta informativa, el tribunal aclaró que las áreas no contaban con autorizaciones para fines mercantiles ajenos a la judicatura, lo que propició la separación del cargo con carácter de renuncia irrevocable por parte de las empleadas involucradas.
A este evento se suma la controversia registrada en enero de este año por la adquisición de una flotilla de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, con un valor unitario de 3.5 millones de pesos, lo que representó una erogación global de 31.5 millones de pesos del erario. Aunque la SCJN defendió la compra bajo lineamientos de protección técnica, la presión social obligó a los ministros a declinar el uso de las unidades para reasignarlas a juzgados de distrito localizados en zonas de alta peligrosidad.
La lista de señalamientos incluye la difusión de imágenes del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, durante la conmemoración de la Constitución en Querétaro, donde fue captado mientras su personal le lustraba el calzado en la vía pública, hecho que el juzgador calificó en sus cuentas oficiales como un malentendido accidental. Finalmente, los traslados en clase ejecutiva a Costa Rica por parte de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y los trámites administrativos —posteriormente cancelados— para el pago de un retrato al óleo en favor de la ministra Lenia Batres Guadarrama, continúan alimentando el debate sobre la racionalidad presupuestal del Poder Judicial de la Federación.
Fuente: SCJN | © Redacción NoticiasPV