El exgobernador de Baja California obtuvo un nuevo amparo que frena el avance del proceso penal en su contra, aunque la Fiscalía mantiene vigentes las acusaciones.
La situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, registró un nuevo giro luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México le concediera una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1085/2026. La resolución, dictada por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, frena temporalmente el auto de vinculación a proceso emitido en julio pasado por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, impidiendo que el caso avance hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el fondo del litigio constitucional.
Las indagatorias conducidas por las autoridades ministeriales acusan al exmandatario estatal de fungir como socio fundador de una empresa presuntamente involucrada en la importación ilegal de petrolíferos, con un perjuicio económico estimado al fisco federal que asciende a cuatro mil millones de pesos. Pese a la concesión de la medida cautelar protectora, la fiscalía mantiene firmes los cargos imputados, por lo que el proceso penal continúa su curso ordinario sin que esto signifique la anulación de la vinculación inicial dictada por los tribunales federales.
Ruffo Appel, de 74 años de edad, enfrenta el procedimiento legal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en su residencia del municipio de Ensenada, tras haber permanecido recluido durante varias semanas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La modificación del régimen de internamiento fue autorizada por el juez de la causa debido a su condición de salud y avanzada edad, permitiéndole continuar con la defensa jurídica asistido por sus representantes legales y con el respaldo político de la dirigencia nacional de su partido.
El expediente ha derivado en múltiples recursos de revisión y disputas competenciales resueltas por tribunales colegiados de circuito, los cuales han rechazado los argumentos ministeriales que pretendían revocar las suspensiones provisionales concedidas al exgobernador. Con estas determinaciones judiciales, el curso procesal se mantendrá en fase intermedia a la espera de que los juzgadores federales emitan las sentencias definitivas sobre los amparos promovidos.
Las instancias de procuración de justicia continúan integrando los elementos probatorios necesarios para definir las responsabilidades penales correspondientes, mientras la defensa legal del exmandatario busca desvirtuar las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Federal.
Fuente: Registros del Órgano de Administración Judicial / Juzgados de Distrito en Materia Penal | © Redacción NoticiasPV
