El arresto del exgobernador bajacaliforniano saca a la luz los antiguos testimonios ministeriales de Joaquín «El Chapo» Guzmán y los reclamos internos de la cúpula panista.
La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto contrabando de hidrocarburos a gran escala, reabrió los expedientes informativos sobre los diversos señalamientos públicos que enfrentó durante y después de su mandato constitucional. Aunque el actual proceso penal se concentra estrictamente en delitos financieros y de delincuencia organizada ligados a la operación aduanera de combustibles, la figura del primer mandatario estatal de oposición en México ha estado rodeada de controversias históricas en los últimos 30 años.
Los registros documentados en investigaciones periodísticas refieren que, en junio de 1993, tras ser capturado en territorio guatemalteco a raíz del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera mencionó formalmente al entonces gobernador panista. Durante su traslado aéreo hacia el centro del país, el líder del Cártel de Sinaloa declaró ante mandos militares y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que la organización rival de los hermanos Arellano Félix operaba con la supuesta protección de las estructuras de seguridad locales de Baja California, afirmando además que un familiar directo de Ruffo Appel participaba en sociedades comerciales con dicha facción delictiva.
Dichas imputaciones ministeriales, que en su momento no se tradujeron en un expediente criminal formal ni en mandamientos de captura por parte de la federación, volvieron a surgir en el debate político nacional en dos ocasiones clave. En el año 2012, un sector de la bancada de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó una auditoría patrimonial contra el entonces senador por presuntos desvíos de financiamiento en sus campañas; posteriormente, en 2017, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa utilizó sus redes oficiales para recriminar públicamente a Ruffo Appel supuestas colusiones de su equipo de trabajo con el crimen organizado durante el periodo de 1989 a 1995.
A lo largo de las últimas décadas, Ruffo Appel rechazó de forma sistemática y categórica cualquier vinculación con el cártel de Tijuana, argumentando que las declaraciones de los capos formaban parte de estrategias de desacreditación política y deslindándose de las actividades de sus familiares. No obstante, las actuales pesquisas de la FGR que culminaron con su aprehensión en Ensenada lo vinculan por primera vez con un esquema delictivo corporativo mediante la compañía Ingemar S.A. de C.V., imputándole un desfalco fiscal superior a los 4 mil millones de pesos mediante el reporte irregular de importaciones energéticas procedentes de Texas.
Fuente: Investigaciones Periodísticas de Anabel Hernández | ©️ Redacción NoticiasPV