A partir de este sábado 11 de abril de 2026, ninguna jubilación del sector público podrá ser mayor a la mitad del salario de la Presidenta de la República; el Congreso tiene 90 días para armonizar las leyes locales.
Un cambio histórico en la administración pública federal comienza este sábado. Tras su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), ha entrado en vigor la reforma constitucional al artículo 127, la cual pone un tope definitivo a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos. El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca eliminar las llamadas «pensiones doradas» que superan por mucho los ingresos del promedio de los trabajadores.
Nuevos topes y excepciones
La nueva normativa establece que ninguna remuneración por jubilación podrá exceder la mitad de lo que percibe mensualmente la titular del Ejecutivo Federal. Este ajuste no solo aplicará para los nuevos jubilados, sino que el decreto es claro al señalar que las pensiones vigentes deberán ajustarse a estos límites de forma inmediata. No obstante, se han definido excepciones claras: los miembros de las Fuerzas Armadas quedan excluidos de esta limitación, al igual que los ahorros constituidos mediante aportaciones voluntarias individuales o de origen sindical.
Plazos para estados y municipios
La reforma también alcanza a las entidades federativas y municipios. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales cuentan con un plazo máximo de 90 días naturales para adecuar sus leyes y hacerlas congruentes con este nuevo mandato constitucional. El decreto puntualiza que las aportaciones del Estado a planes complementarios de pensiones también se sujetarán a este tope, garantizando que el gasto público se cubra estrictamente con los presupuestos asignados, sin generar erogaciones extraordinarias.
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) | © Redacción NoticiasPV
