El representante de Morena por Sinaloa no se presentó a la sesión de la Comisión Permanente donde se aprobó el periodo extraordinario; el congresista, implicado en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta complicidad con el crimen organizado, sostiene vía redes sociales que permanece en su entidad natal.
Las actividades legislativas en el Congreso de la Unión avanzaron en medio de cuestionamientos políticos por la prolongada inasistencia de un integrante de la bancada mayoritaria. Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada este jueves 21 de mayo de 2026, las pantallas de votación del Senado de la República confirmaron la ausencia del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, quien acumuló su tercera semana consecutiva sin tener apariciones públicas ni presentarse de manera física en el recinto parlamentario.
La falta de asistencia del congresista coincidió con la aprobación en el pleno de la convocatoria para abrir un periodo extraordinario de sesiones, diseñado para discutir las reformas constitucionales en materia electoral y judicial. Pese a que la dirigencia interna del partido y coordinadores de la fracción parlamentaria habían manifestado su confianza en el retorno del político a las actividades de comisiones, ni el legislador propietario ni su suplente registrado acudieron a emitir su sufragio al tablero electrónico.
La última postura oficial emitida por el legislador federal se difundió a través de sus plataformas digitales el pasado 17 de mayo. Mediante un comunicado escrito, el imputado rechazó de forma tajante las versiones de medios de comunicación sobre supuestos acercamientos o negociaciones secretas con fiscales federales en el extranjero, afirmando que no dispone de defensores legales y que atenderá de forma personal cualquier requerimiento formal que promuevan exclusivamente los tribunales y agencias del orden del Estado mexicano.
El aislamiento del senador de Morena sobrevino tras la divulgación de un pliego de cargos de las cortes de los Estados Unidos que lo señala junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve exservidores públicos de la entidad. El expediente del Departamento de Justicia norteamericano imputa a los políticos sinaloenses tres cargos criminales consistentes en conspiración para el tráfico internacional de narcóticos, posesión ilícita de armas de fuego de grueso calibre y conspiración para resguardar las operaciones logísticas y de seguridad de la facción delictiva de «Los Chapitos» a cambio de prebendas y estabilidad en el ejercicio del poder público.
Fuente: Comisión Permanente del Senado de la República | © Redacción NoticiasPV
