Encinas reconoce impunidad en 90% de agresiones a periodistas y defensores

El subsecretario de Gobernación apuntó que el objetivo de la reforma legislativa es crear un Sistema Nacional de Protección, toda vez que la legislación actual permite a “a las autoridades locales que se desentiendan de los problemas”.
proceso.com.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que persiste la impunidad en la “inmensa mayoría” de las agresiones a personas defensoras y periodistas, por lo que llamó a una reforma legislativa sobre el sistema de protección de a ese sector de la población que atienda “las causas de la violencia”.

Al inaugurar el proceso de diálogo para el diseño de una iniciativa que reforme la actual Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Gobernación apuntó que el objetivo de la reforma legislativa es crear un Sistema Nacional de Protección, toda vez que la legislación actual permite a “a las autoridades locales que se desentiendan de los problemas”.

El funcionario federal reconoció que más del 90% de las agresiones y homicidios en contra de periodistas y defensores no son sancionadas, siendo documentados 50 homicidios de periodistas y 96 de defensores en lo que va de esta administración, en tanto que en 45% de las amenazas y actos de hostigamiento contra esta población se ha identificado a funcionarios municipales y estatales, de acuerdo a las cifras oficiales.

Tras señalar que lo que se pretende es involucrar a autoridades de los tres niveles de gobierno en garantizar los derechos a la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos, Encinas Rodríguez apuntó que la reforma busca “deslindar responsabilidades” cuando los perpetradores de agresiones sean servidores públicos.

“Actualmente el sistema federal que tenemos ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades, por lo que en aquellos casos en que incurra responsabilidad de cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones y las facultades para iniciar acciones penales contra violen la ley u agravien estos derechos”, abundó.

El funcionario sostuvo que el problema para atender a esa población “no es la falta de implementación” de la actual ley, y tampoco es un tema de presupuesto, pues “en la medida que no se fortalezcan las instituciones y los Mecanismos de protección, no habrá recurso que alcance”.

La decisión de impulsar la reforma legislativa, ocurre diez años después de aprobada la ley de protección a personas defensoras y periodistas, por lo que es tiempo “de hacer un alto en el camino y una reflexión para encarar un fenómeno delictivo que, lamentablemente y a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido, no ha podido revertirse”.

Con el foro de discusión iniciado este lunes, Encinas Rodríguez indicó que lo que se pretender es contar con la participación de la sociedad civil para el diseño de una iniciativa que será presentada en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que a su vez someterá la pieza legislativa en un parlamento abierto, “para obtener una ley que tenga legitimidad y se facilite su implementación”.

El titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, sostuvo que lo que se busca es “un marco legal de mayor alcance no sólo para contener la problemática, sino para atender de raíz y de forma efectiva los factores que generan los riesgos hacia estos sectores”.

Indicó que los foros regionales de discusión para el diseño de la iniciativa de ley se llevarán a cabo también en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Al evento de inauguración asistieron el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, las presidentas de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y Nelly Minerva Carrasco Godínez, respectivamente, así como el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro; y el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, Alberto Xicotencatl Carrasco.

                                                         
Compartir
error: ¡Atención!