Una red encabezada por Sumilab continúa abasteciendo insumos y precursores químicos a dependencias de Sonora y Sinaloa, pese a las sanciones de la OFAC por presuntos vínculos con Los Chapitos.
proceso.com.mx
CULIACÁN, Sin. (Proceso).- Con ventas de equipo y suministros para laboratorios, la red de empresas que integran Sumilab, SA de CV, mantuvo operaciones con los gobiernos de Sonora y Sinaloa incluso después de haber sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vez primera el 9 mayo de 2023, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Sumilab de nueva cuenta fue señalada en octubre pasado por la OFAC como “afiliada con la facción de Los Chapitos del cartel de Sinaloa”, al que responsabiliza de traficar fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. Según la OFAC, las empresas de Sumilab se mantienen como proveedoras y distribuidoras de precursores químicos y equipo de laboratorio para los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.
A pesar de la primera sanción la empresa se mantuvo operando en licitaciones en esos estados en dependencias de menor calado, como el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin) y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin) y al Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), entre otros.
El grupo de empresas, fundadas por Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López, María Gabriela Favela López, Jairo Verdugo Araujo y a Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, mantuvieron total actividad.
Las empresas identificadas por Proceso que mantuvieron operaciones son Favelab, SA de CV, y Favela Pro, junto a Distribuidora de Productos y Servicios Viand, SA de CV, Quilab y Storelab, SA de CV, así como Importaciones y Nacional Marcelab y Comercial Viosma del Nororeste, SA de CV. Todas ellas sancionadas también en octubre de 2025 debido a presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Bajo el argumento de la urgencia o la especificidad técnica del producto, evadiendo los procesos de licitación pública donde el escrutinio es ligeramente mayor, la red Sumilab mantuvo el control de múltiples empresas del ramo (Favelab, Quilab, Storelab), en donde la simulación de la competencia o especialización única logró la continuidad de los contratos.
Ausencia de “listas negras” binacionales
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tienen la facultad de congelar cuentas y designar entidades por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, no existe un mecanismo automático y vinculante que obligue a todas las dependencias de gobierno (federales, estatales y municipales) a suspender contratos con empresas que han sido sancionadas por una agencia de prestigio internacional como la OFAC.
Esto puede traducirse a que en territorio nacional todas aquellas empresas señaladas con vínculos criminales en Estados Unidos operen en México. Las legislaciones sobre adquisiciones de estados como Sinaloa y Sonora priorizan el cumplimiento formal de requisitos (registro fiscal, solvencia técnica), pero fallan en incorporar la evaluación de riesgos de lavado de dinero o la consulta sistemática de listas de sancionados internacionales.
Un ejemplo lo brinda el Cesasin, en donde mediante la licitación pública internacional LPI-00-2024 otorga fragmentos del contrato a Importaciones y Nacional Marcelab, SA de CV, cuyo representante legal es César Elías López Araujo, uno de los señalados por la OFAC. Este contrato otorgado significó casi 700 mil pesos por la venta de reactivos químicos e insumos de laboratorio.
El fallo de la licitación se dio el 6 de diciembre de 2024.
Por otra parte, en Sonora, durante la segunda mitad del 2023 el Itson compró suministros de laboratorios y reactivos químicos a Quilab, SA de CV, con al menos cuatro contratos y otros tres durante el 2024. Todos ellos posteriores a la sanción de la OFAC.
¿A quién le compran?
En octubre de 2025 la OFAC sancionó, junto a Sumilab, a las empresas Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Quilab, Storelab y Macerlab. Todas ellas mantuvieron operaciones desde el 2023 con la misma dirección entre sí.
Tras la “desaparición” de Sumilab, la empresa, bajo el mismo domicilio, comenzó a fraccionar sus ventas. Por ejemplo, durante 2024, para la venta de equipos de precisión y reactivos, a través de Favelab proveyeron de estos servicios al Itson, Cesavesin y hospitales públicos.
Luego, a través de Quilab y Storelab aterrizan ventas de insumos de consumo rápido para centros de investigación y escuelas en Sonora y Sinaloa.
Por último, a través de Comercial Viosma importaron y distribuyeron al sector agropecuario como el Cesasin en Sinaloa. Esta empresa mantuvo un enfoque en nichos no vinculados directamente con salud.
Además, estas empresas guardan en común direcciones y teléfonos e incluso facturas, algo que cada entidad pública ignoró en cada una de las más de 100 compras que realizaron a este grupo de distribuidores en las que concursaron o se les asignó de forma directa.
