El ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá recluido en prisión hasta la realización de las audiencias pendientes
Infobae | Las audiencias pendientes sobre el caso de Odebrecht y PEMEX que vinculan a Emilio Lozoya Austin en casos de corrupción y desvíos de recursos esperarán hasta 2023. Después de que se aplazara la audiencia intermedia que estaba programada a principios de noviembre de 2022, tras darle una prórroga al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), nuevamente el juzgado se pospuso.
Solo que en esta ocasión los juzgados no se realizarán en lo que resta de 2022 pues será hasta el próximo año cuando las autoridades federales lleven a juicio al ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La fecha prevista es para enero de 2023, mientras tanto Emilio Lozoya seguirá en prisión, por lo que pasará las fiestas decembrinas y de año nuevo preso en el Reclusorio Norte a la espera de las fechas para comparecer ante las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex funcionario no podrá salir del Reclusorio Norte hasta definir su situación legal, la cual se determinará con las audiencias de los dos casos que se le imputan, pues de acuerdo con los cargos que enfrenta podría pasar hasta 46 años en prisión.
Las audiencias intermedias se realizarán en dos fechas; la primera se programó para el 3 de enero para mostrar las acusaciones relacionadas al caso de Agronitrogenados, mientras que para el 17 de enero de 2023 se realizará la acusación verbal sobre los sobornos vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con autoridades judiciales.
Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales se aplazaron los juzgados hasta 2023. Si no existen más cambios o prórrogas solicitadas por la defensa de Lozoya, en enero se sabrá la sanción que podría recibir Emilio Lozoya.
Cabe apuntar que los cargos que enfrenta el ex miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto (sexenio 2012 – 2018) son: asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. En primera instancia, una de las audiencias estaba prevista para el 4 y 7 de noviembre, pero gracias una prórroga otorgada por la jueza federal Verónica Gutiérrez no se llevó a cabo.
Fueron un total de 10 días hábiles los que se otorgaron como aplazamiento. En ese tiempo, su defensa ha buscado concretar con las autoridades un criterio de oportunidad para que el caso no llegue a juicio. Cabe mencionar que dicha prórroga fue solicitada con el fin de revisar las declaraciones de los directivos de la empresa mencionada con anterioridad. Cabe recordar que Lozoya ha permanecido en prisión desde noviembre de 2021 por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
En ese entonces, el defensor también aseguró que le gustaría que asistieran a los tribunales el excandidato a la presidencia del país por parte del PAN, Ricardo Anaya Cortés, así como a los demás exsenadores que aceptaron sobornos con la finalidad de aprobar la reforma energética promovida por el gobierno federal del antecesor de Andrés Manuel López Obrador.
Terminó lanzándose contra el expresidente de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por estar implicado en el tema de los sobornos. “Ha habido diversas ratificaciones por parte -no de uno, sino de varios testigos- que entregaron las maletas de dinero, especialmente a un candidato a la Presidencia de la República del PAN y otros senadores de la República, y esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio”.
Por su parte, este 17 de noviembre la defensa de la familia Lozoya a través de redes sociales ya se pronunció ante el anuncio del aplazamiento.
“Esta defensa desea precisar que el Señor Emilio Ricardo Lozoya Austin fungió, durante la campaña presidencial de 2012, como Secretario de Asuntos Internacionales y no como Secretario de Finanzas. Así mismo, es necesario destacar que el Coordinador General de la campaña fue el Señor Luis Videgaray Caso”.
En el documento publicado por el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, de igual manera señaló que ante la Fiscalía General de la República, se expusieron las distintas operaciones “de financiamiento ilícito implementadas por el entonces candidato a la Presidencia de la República y el Coordinador General de la campaña presidencial”.
Rumbo a las audiencias programadas para 2023, el abogado y la FGR debatirán sobre las pruebas que se han preparado en los más de dos años que lleva ya este proceso.
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