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Durante horas, senadores de PAN, PT-Morena y PRD insistieron en que se escucharan las voces de decenas de organismos nacionales e internacionales preocupados por los efectos de la ley de seguridad interior, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero PRI y aliados los ignoraron y todo estaba listo para que esta madrugada la norma se aprobara en lo general.
Una legislación que, expusieron en tribuna senadores de oposición, es una regresión, ya que militariza al país y posibilita violaciones a derechos humanos al someter a la población civil a la autoridad castrense.
Los militares podrán realizar investigaciones, allanar domicilios, intervenir comunicaciones y llevar a cabo detenciones sin mediación de la autoridad judicial.
“No queremos una nueva guerra sucia en el proceso electoral de 2018. No queremos a las fuerzas armadas en nuestras vidas ni en los asuntos políticos de la nación”, dijo el senador Alejandro Encinas.
La aprobación de esta ley constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policiaco-militar, subordinado a Estados Unidos, recalcó el coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett.
Maratónica discusión
El debate se inició cerca de las tres de la tarde del jueves y se tiene previsto que la minuta sea aprobada en lo general y lo particular entre las ocho y las nueve de la mañana de este viernes, hora en que se regresará a la Cámara de Diputados, ya que se hicieron varios cambios.
La maratónica discusión confrontó a la bancada del PAN ante el pleno. En principio se presentaron siete votos particulares y se registraron más de 40 oradores para la discusión en lo general.
De entrada, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Defensa Nacional, senadores Cristina Díaz (PRI) y Fernando Torres Graciano (PAN), respectivamente, justificaron la reforma y sostuvieron que es falso que se militarice el país. Aseguraron que se escucharon todas las voces, tanto de organismos internacionales como de defensores de derechos humanos nacionales, académicos y gobernadores.
¡Que quede claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden!, dijo a gritos, al final de su discurso, la senadora Díaz.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senador Benjamín Robles Montoya (PT-Morena), rechazó que haya habido un debate amplio sobre la minuta e insistió en que en el dictamen no se menciona la preocupación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ni de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La senadora Angélica de la Peña (PRD) advirtió que era simulación y demagogia sostener que se escucharon las voces críticas y presentó las recomendaciones y sentencias de la CIDH por violaciones a garantías fundamentales de civiles cometidas por militares.
De la Peña propuso una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones y abrir un debate amplio, planteamiento que fue rechazado con 69 votos en favor y 39 en contra.
La senadora Laura Angélica Rojas (PAN) preguntó si realmente se podían desestimar las preocupaciones, reiteradas ayer por siete expertos de la ONU y dos organismos de Estado, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
¿De verdad creen que esos organismos, integrados por expertos, están equivocados?, preguntó, y dijo que al principio el Ejército participaba en 10 estados para combatir el crimen organizado y ahora está en 28. Otro panista, Víctor Hermosillo, alertó sobre la tentación peligrosa de abusar del poder que se dará a las fuerzas armadas.
En respuesta, Javier Lozano dijo que no tienen vergüenza y que esa postura es por seguir la línea de su ambicioso líder, Ricardo Anaya.
A la minuta se le hicieron 10 cambios elaborados por Cristina Díaz y Fernando Torres. Éste explicó que se modificó el artículo 8 para que quede muy claro que por ningún motivo se podrá hacer uso de las fuerzas armadas para contener una protesta social o de contendido político electoral.
También se modificó el artículo 10 para precisar que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y Seguridad Pública se hará en el ámbito de sus respectivas competencias. Y el artículo 16, que obliga a la Secretaría de Gobernación a notificar a los gobernadores en caso de que el Ejecutivo federal decida enviar tropas a su estado ante una amenaza a la seguridad interior.
Se introdujo también un artículo transitorio que obliga a estados o municipios que soliciten apoyo de las fuerzas armadas a presentar, en un plazo de 180 días, un programa de fortalecimiento de sus corporaciones policiacas.
Cambios insuficientes
Los cambios fueron considerados insuficientes. La senadora Dolores Padierna (PT-Morena) advirtió que se mantienen todas las disposiciones que permiten que las fuerzas armadas permanezcan de forma permanente en alguna entidad, sin controles y sin tener que justificar posibles violaciones a derechos humanos, ya que toda la información sobre operativos se reserva por considerarla de seguridad nacional.
La ley de seguridad interior se discutió durante horas en un salón de sesiones casi vacío, ya que legisladores de PRI y PVEM se ausentaban en forma constante, lo que obligó a legisladores de PT-Morena a exigir varias veces que se verificara el quórum.
La senadora Layda Sansores denunció incluso que algunos priístas comían y bebían tranquilamente fuera del salón de sesiones en lugar de seguir el debate de la ley. Muchos aquí no pasan el alcoholímetro, afirmó.
Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, pidió que se abriera el tablero electrónico durante 90 minutos para que los ausentes regresaran al salón a votar y la sesión siguiera, aun sin quórum.
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