“El Mochomo” interpuso amparo contra segunda detención por su presunta participación en el caso Ayotzinapa

La defensa argumentó que no se presentó una orden de aprehensión cuando fue detenido afuera del penal del Altiplano el miércoles, minutos después de ser liberado, y que además se encuentra incomunicado desde entonces

infobae.com

La defensa de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, un presunto líder del cártel Guerreros Unidos y de quien se sospecha que está vinculado directamente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, interpuso un amparo por la segunda detención que sufrió este miércoles, la que califica de “ilegal”, y por supuestamente estar incomunicado desde entonces.

El abogado de Casarrubias Salgado argumentó que la aprehensión de su cliente, unos minutos después de ser liberado por un tecnicismo hace un par de días y que desató toda una polémica en el Poder Judicial por una supuesta llamada donde habrían intentado liberarlo con base en sobornos, es “ilegal, pues fue privado de la libertad, sin que se le mostrara una orden de aprehensión y presentación”, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.

Ni siquiera, señalaron, se presentó “algún otro documento” que justificara su detención. Además, denunciaron que “El Mochomo” se encontraba incomunicado desde el miércoles. “Hasta la presentación de dicho amparo no se le ha permitido tener comunicación con ningún abogado y familiar”, indicaron.

El Mochomo, supuestamente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra detenido en el penal federal de Almoloya (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

Por su parte, un juez del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México indicó que, antes de admitir, desechar o declarar su competencia con respecto a la demanda de amparo, concedió la suspensión de plano a la supuesta incomunicación de Casarrubias con sus abogados y familiares.

De acuerdo con la defensa, Casarrubias Salgado está incomunicado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador también dio un periodo de 12 horas para que las autoridades correspondientes informen a su Juzgado del cumplimiento de su medida cautelar, o en su caso, que manifiesten la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para no hacerlo.

El Mochomo se mantuvo prófugo de la justicia durante casi seis años (Foto: FGR)

Por último, el juez se reservó discutir la procedencia de la demanda de amparo porque se requiere la solicitud expresa del denunciante, y no basta con que la haya presentado su abogado defensor ya que para ratificar la demanda se necesitan datos como la averiguación previa, carpeta de investigación, causa penal o carpeta judicial, “en la que pudiera habérsele reconocido y protestado dicho carácter”.

Por ello, comisionó al actuario judicial para que localizara a Casarrubias Salgado en las instalaciones de la SEIDO “y dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra”. También le ordenó para que le requiera a “El Mochomo” la ratificación de la demanda de amparo en un periodo de tres días hábiles, asentando en la diligencia “su nombre correcto y completo de puño y letra.

En caso de que no lo haga en el plazo concedido por el juez, la demanda de amparo “se tendrá por no presentada”. “De igual modo, en caso de que el agraviado no esté en el lugar indicado, y se obtenga información respecto de otro en que se localice, así como de la autoridad ante la que se encuentre a disposición”, agregó, el actuario deberá acudir a dicho lugar. Esto, a efecto de lograr la comparecencia de Casarrubias Salgado.

La FGR denunció corrupción en la liberación de El Mochomo el miércoles pasado (Foto: Henry Romero/ Reuters)

“El Mochomo” fue detenido el miércoles 24 de junio, pero su captura se dio a conocer recién a principios de esta semana. El hombre está acusado de haber participado en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, en septiembre de 2014.

Sin embargo, el pasado miércoles 1 de julio, Casarrubias Salgado fue liberado después de lo que autoridades calificaron como tecnicismos. Unas horas después, cuando fue liberado afuera del Centro de justicia penal federal de Almoloya, en el estado de México, mejor conocido como el penal del Altiplano, la FGR lo recapturó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la liberación de El Mochomo “tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado”.

El Poder Judicial investigará el presunto caso de corrupción en el caso de El Mochomo (Foto: Cuartoscuro)

Mientras que la Fiscalía aseguró este jueves que la SEIDO tenía intervenciones telefónicas que señalaban cohecho por varios millones de pesos “por individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado, para que decretara su libertad”, por lo cual obtuvo el arraigo del involucrado.

Y es que las pruebas presentadas para justificar la detención de Casarrubias en el municipio de Metepec, Estado de México, fueran desechadas por la magistrada del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez.

En la llamada, divulgada por varios medios locales, se escucha a Francelia Salgado Patiño, madre de “El Mochomo” y a su abogado, Arturo Rodríguez García, hablar de la supuesta entrega de dinero al personal de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

El Mochomo estuvo unos cuantos minutos fuera del penal del Altiplano antes de ser detenido de nuevo por la FGR (Foto: Captura de pantalla)

Al parecer, su libertad era un hecho acordado con horarios y fechas, pues se revela en las llamadas que las autoridades presuntamente esperaban un “avance con el tema económico” para hacer su parte. Sin embargo, la supuesta voz de la madre de “El Mochomo” indica que el dinero únicamente será entregado cuando su hijo esté en libertad y no antes. “Dando y dando”, asegura que fue el acuerdo original.

La publicación de la llamada llevó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a presentar una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México.

“Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, indicó por su parte el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN), Arturo Zaldívar.