La defensa legal del antiguo líder del Cártel de Sinaloa ha solicitado al juez Brian Cogan un nuevo periodo de dos meses para encontrar “más alternativas” para el capo mexicano
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Esta mañana, la Corte del Distrito Este de Nueva York dio a conocer que la defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, ha pedido un nuevo periodo de dos meses (60 días) para reevaluar nuevas alternativas para que su cliente pueda librar la pena de muerte ―o la también llamada pena capital― ante la justicia de Estados Unidos.
La minuta, firmada por el Departamento de Justicia y dicha corte federal norteamericana, detalla entonces que la audiencia programada para este 16 de junio será pospuesta sin detallar aún una fecha exacta para que este proceso se lleve a cabo.
Por otra parte, la justificación para este cambio en el reencuentro de “El Mayo” con la autoridad y el juez Brian Cogan es que continúa la revisión de evidencia y negociación para “una posible salida externa”.
La petición de “El Mayo” Zambada para ser repatriado a México
En una carta de 33 páginas entregada el 20 de febrero de 2025 al Consulado de México en Nueva York, Zambada exigió su repatriación, ya que habría graves consecuencias diplomáticas si no es atendido. El texto sostiene que su traslado a Estados Unidos ocurrió mediante un “secuestro transfronterizo” que violó el debido proceso y la soberanía nacional.
“Negar mi solicitud de repatriación, o de no aplicación de penas prohibidas y trascendentales, tendría como consecuencia aceptar la subordinación al gobierno norteamericano (…). Si el gobierno de México no actúa (…), seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”.
El mensaje va más allá del caso individual: alerta que un sí al juicio en la Unión Americana sin oposición mexicana sentaría “un precedente peligroso que permitiría que, en cualquier momento, cualquier gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar nuestro territorio y soberanía”.
El respaldo de Frank Pérez y su defensa con tratados internacionales
La defensa legal, entre quienes se encuentra el abogado Frank Pérez, respaldó igualmente la petición con fundamentos jurídicos. Así pues, invocaron el artículo 36 de la Convención de Viena, tratados de derechos humanos y la propia Constitución mexicana. Además, afirmaron que la detención fue ilegal, realizada con engaños y sin autorización judicial o consular.
En la misma misiva, el capo también exhorta a que la FGR sea notificada: “solicito que con este escrito se dé vista y se entregue copia a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales a que haya lugar”, al mismo tiempo que señala la existencia de una supuesta carpeta en la que figura como víctima del traslado.
En pleno clima de tensión bilateral —tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en EE.UU.—, Zambada advierte que su caso podría detonar un “colapso en la relación bilateral” si México guarda silencio ante la supuesta ilegalidad de su captura.
Claudia Sheinbaum revisará las peticiones y no concede el “colapso de la relación binacional”
Cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó haber recibido dicho documento y declaró en ese entonces:
“Recibimos la carta. Estamos revisando el tema desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos. No se trata de defender a una persona, sino de revisar si hubo una violación al debido proceso y si hay implicaciones para la soberanía nacional”.
