CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La recuperación de recursos producto de corrupción en México, pero confiscados en el extranjero, tiene por lo pronto, dos casos concretos: el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió hoy en la intención de su gobierno por recuperar recursos como uno de los objetivos de los procesos que se siguen en distintos casos de corrupción y, para eso, afirmó, hay una mesa de trabajo binacional.
En su conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la mesa de trabajo, integrada con representantes de diferentes dependencias de México y Estados Unidos, realiza un seguimiento de los casos tanto relacionados con el narcotráfico como de “cuello blanco”.
Ebrard ejemplificó dicho seguimiento con las audiencias del juicio de extradición a Duarte Jáquez, quien al ofrecer dinero y propiedades en Estados Unidos con el propósito de obtener una libertad bajo caución, expuso propiedades y cuentas.
“Lo de García Luna… nos importa la extradición porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio. Ayer se dio a conocer en Estados Unidos de que dos cercanos están ya siendo indiciados, y en todo esto nosotros queremos saber qué se recupera ( de recursos mal habidos)” dijo el presidente.
Marcelo Ebrard expuso que la relación binacional en ese tipo de cooperación está en uno de sus mejores momentos históricos y explicó que se basa en convenciones y acuerdos internacionales que están vigentes.
Los dos casos fueron abordados hoy, durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, luego de exponer el interés por recuperar 200 millones de dólares por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa de fertilizantes, Agronitrogenados.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es acusado por un desvió de unos 600 millones de pesos a campañas del PRI en 2015, en tanto, en el caso de Genaro García Luna, las imputaciones que debe enfrentar en México (a diferencia de Estados Unidos, donde enfrenta proceso por asociación criminal) se relacionan con hechos de corrupción en contratismo a empresas privadas durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
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