El 18 de enero termina el plazo para que el titular de la FGR emita el nuevo marco legal de la institución
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CIUDAD DE MÉXICO.
Agotando los plazos que dio el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de República (FGR) inició el 2020 con cuatro pendientes torales para la nueva forma de perseguir e investigar los delitos y que ponen fin a la transformación de la Procuraduría General de República (PGR).
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado entre noviembre y diciembre del 2018, el próximo 18 de enero vencen los plazos para que el fiscal Alejandro Gertz Manero emita el Plan Estratégico de Transición de la institución, el Plan de Persecución Penal y también lance la convocatoria pública para la revisión de todo el marco jurídico de la FGR; es decir, tiene 15 días para cumplir con la ley.
La creación del Plan Estratégico de la Institución, que es el eje de la transformación interna de la Fiscalía, se deberá basar en la realización de un inventario integral y un diagnóstico interno de sus recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo necesario.
Una vez listo el inventario, el Plan deberá comprender un diagnóstico, ubicación geográfica y análisis de los fenómenos criminales que perseguirá; así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación.
Gertz Manero deberá emitir el Plan de Persecución Penal, que considerará las prioridades nacionales para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal y las funciones que deben desempeñar las personas que prestan servicios en la institución; así como los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Este documento deberá ser aprobado por el Senado.
Asimismo, el cuarto pendiente, que vence el 15 de junio próximo, consiste en que la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía expida los Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética, así como la instauración de esta.
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