Altos mandos y organizaciones criminales tejieron una compleja estructura para el robo de combustibles, generando pérdidas millonarias
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El huachicol es un concepto utilizado para referirse a la extracción ilegal de hidrocarburos, principalmente de gasolina y diésel, directamente de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a través de tomas clandestinas.
Este combustible suele ser adulterado con otras sustancias con el fin de hacerlo rendir más, lo que puede causar tanto afectaciones a los vehículos como al medio ambiente.
Esta práctica de huachicoleo causó grandes pérdidas económicas para PEMEX y el gobierno mexicano, además de problemas ambientales y riesgos para la seguridad, razones por las que Alejandro Gertz Manero intentó arrestar al general Eduardo León Trauwitz, quien fuera jefe de seguridad de PEMEX en 2014.
Por qué no sucedió el arresto

En julio de 2019, a principios del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces fiscal federal intentó arrestar a Trauwitz por maquinar el robo de combustible junto con otros militares a sus órdenes. El saqueo involucraba más de dos mil millones de litros de gasolina y estos hechos habrían ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Desde 2010 León Trauwitz comenzó a forjar su poder mientras Peña Nieto era gobernador, pero en 2014 llegó a su punto más alto, cuando el entonces presidente lo designó al frente de la seguridad de PEMEX, liderando a 2 mil 500 militares cedidos por el Ejército y la Marina, además de aeronaves y recursos ilimitados, según información publicada por el periodista Roberto Rock.
La investigación impulsada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, señala que León Trauwitz y una red de colaboradores omitieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos de Minatitlán-México y Madero-Cadereyta durante 2015 y 2016.
Sin embargo, la detención no sucedió debido a que el acusado estaba en el Campo Militar Número 1 y porque Trauwitz presentó un recurso de amparo ante el juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal contra Reyna Isabel Pérez Viveros, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la célula A-I-5 de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, impugnando el acuerdo del 15 de mayo de 2024, en el que se le negó el reconocimiento de sus abogados defensores, lo que, según argumentó, vulneraba su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada.
El juez José Elías Pacheco Martínez le otorgó el amparo y además les permitió acceder a la carpeta de investigación abierta en su contra, haciendo público únicamente el sentido de su resolución, sin divulgar el expediente ni los fundamentos que motivaron la protección de la justicia federal a favor del general.
La semana pasada, autoridades mexicanas sentenciaron a cinco cómplices suyos, también militares, entre ellos otro general, un coronel, dos sargentos y un teniente, por los delitos referidos y con penas de entre 12 y 31 años de prisión mientras que Trauwitz se encuentra en proceso de extradición.
La DEA y el narco en el huachicol

Desde aquel entonces, se iniciaron múltiples investigaciones en las que se encontró que algunas organizaciones operan en colaboración con múltiples liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, según la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
La averiguación de la DEA encontró que las organizaciones criminales obtienen o roban y después trafican crudo de Pemex hacia Estados Unidos para venderlo a empresas estadounidenses de petróleo y gas, “en un sofisticado esquema de lavado de dinero a partir del comercio”, detalla el informe.
Además, según la DEA, este negocio ilícito se convirtió en una de las vías principales con las que las organizaciones delictivas obtienen recursos, mientras se generan pérdidas en la industria petrolera.
“Se estima que México pierde decenas de miles de millones de pesos en impuestos anuales y de forma simultánea esto cuesta a empresas de crudo y estadounidenses miles de millones de dólares anualmente, debido a una caída en las importaciones y exportaciones de petróleo durante el mismo periodo”, apunta el reporte.
Finalmente, el 10 de septiembre de 2024, la evaluación de dicho departamento aseguró que como primer paso en las investigaciones se había sancionado a nueve mexicanos y 26 empresas involucradas en el robo de combustible, incluyendo a un líder regional y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación.