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GUADALAJARA, Jal. (apro).- Mauricio Esteban Pérez, subteniente de infantería que está recluido desde hace más de 12 años en una prisión castrense por el presunto homicidio de un subalterno, denunció a dos jueces militares por irregularidades en el proceso. A uno de ellos en particular lo acusa de materializar la amenaza de muerte que le había lanzado en su desesperación por no existir prueba inculpatoria en su contra.
Fue el miércoles 13 cuando los representantes legales de Pérez Landón presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) la querella en contra de los tenientes coroneles de Justicia Militar, Alejandro Mártir Figón y Amando Tapia Ibarra, luego que el primero fungía como juez adscrito a la III Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y el segundo ahora ocupa ese mismo cargo.
A Alejandro Mártir se le acusa de ocultar documentación que ayudaría en la defensa del acusado, de retardar el procedimiento de manera injustificada, mientras que a Amando Tapia por rendir informes falsos y dictar desahogos de pruebas cuando ya estaba cerrado el término.
En el documento entregado ante la PGR, se apunta que Amando Tapia advirtió al subteniente y su defensor que “había puesto suficientes candados” para evitar que se repusiera el procedimiento y se iba a encargar de que el subteniente no saliera nunca de la prisión, y que dejara la “necedad de querer ser declarado inocente”.
Igual se acusa a Amado Tapia de hacer efectivas sus amenazas de muerte en contra de Mauricio Pérez, a quienes unos internos, el lunes 4, intentaron electrocutarlo. Las intimidaciones fueron extendidas hacia sus defensores, César López Carrillo y Juan Paulo Gloria.
Y el martes 12 se presentó una queja a favor de Mauricio Pérez ante la CNDH –folios 1012959/2017 y 102962/2017– por el intento de homicidio al interior de la prisión y ataque a su salud, pues “el afectado indica que se le están suministrando radiaciones”.
El viernes 15, los abogados presentaron un amparo indirecto –el 979/2017– para su representado y ellos mismos, para quedar “a disposición” del juez de distrito del Décimo Segundo Circuito en Turno, en lugar del juez militar adscrito a la III Región Militar, por encontrarse en peligro su vida. El recurso se turnó al Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán.
El proceso
Mauricio Pérez, recluido desde hace más de 12 años en la prisión preventiva castrense número 5, en la III Región Militar, está acusado presuntamente de matar el 21 de junio de 2005 al sargento segundo de Transmisiones, Renato Gámez Salas, en el ejido “El Chango”, en Sonoyta, Sonora.
Tras quedar a disposición del agente del MP Militar, se le abrió la averiguación previa GN.SONOYTA/004/2005, por el delito de desobediencia. El 10 de mayo de 2006, el representante social militar ejerció acción penal –averiguación previa SC/137/2005/IV-I– en contra del ahora denunciante por “abuso de autoridad causando la muerte del inferior” Renato Gámez.
El 24 de julio de 2006, al subteniente se le dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 2134/2006, y el 17 de agosto de 2013 se le dictó sentencia condenatoria por un periodo de 20 años, por la muerte del sargento.
El sentenciado interpuso un recurso de apelación –toca 201/2012– que se resolvió el 24 de mayo de 2013, en el cual el Tribunal Militar de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia. Sin embargo, el acusado promovió un juicio de amparo directo –el 191/2014–, que se radicó en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y que revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de instrucción, antes de la celebración de la audiencia de Consejo de Guerra. Sin embargo, este último ratificó el 25 de abril de 2015 la sentencia condenatoria.
Luego se presentó otra apelación –toca 209/2015–. Ahora el Tribunal Militar de Alzada, el 7 de octubre de 2015, dejó insubsistente la sentencia dictada el 25 de abril y ordenó reponer el procedimiento desde la etapa de instrucción.
Lo anterior, con la finalidad de que el juez militar citara a los peritos, el subteniente de Justicia Militar Criminalista, Jorge Luis Canudas Bedolla; el sargento de igual servicio y especialidad, Mario del Rosario Sánchez, y el civil Francisco Manuel Mojica Buenrostro, para que “decidan sobre los puntos de diferencia existentes en sus dictámenes en materia de criminalística de campo” y, en caso de no llegar a un acuerdo, nombrar a un tercero. También en la reposición se ofrecerían pruebas por parte de la defensa.
El 26 de octubre de 2016 se notificó a Mauricio Pérez que 14 tomos de su expediente se quemaron cuando eran transportados desde la Ciudad de México, sede del Supremo Tribunal Militar que conoció la toca 209/2015, cuando en realidad el hecho había ocurrido un año antes. Otra anomalía que cometió el juez militar Alejandro Mártir fue omitir oficios y constancias dentro del engrose.
De acuerdo con el abogado del subteniente, fue el mismo día 26 de octubre cuando Alejandro Mártir ordenó que se añadieran al expediente los oficios que informaban sobre la incineración de los originales de la causa penal, “causando un perjuicio a la defensa del procesado”.
El 23 de junio de 2016 se reunieron los tres peritos para emitir una conclusión, pero no pudieron llegar a algún acuerdo, puesto que los dictámenes criminalísticos presuntamente se destruyeron en el incendio.
El 15 de agosto del mismo año, se nombró a Carmen Celia Rivera Ramírez como perito tercero en discordia para que se pronunciara en torno a los dictámenes. Ella solicitó el 9 de septiembre de 2016 copias certificadas del proceso penal, entonces recibió dos tomos el 24 de octubre que no contenía los dictámenes.
El 1 de diciembre de ese año, Carmen Rivera acudió al Juzgado Militar, donde le proporcionaron otros cuatro tomos que tampoco contenían los documentos ni la conclusión de los peritos.
Rivera Ramírez rindió su informe al juez militar en el que advertía estar imposibilitada de emitir un dictamen como tercero en discordia, puesto que los dictámenes originales no estaban dentro del expediente. El mismo reporte lo rindió en las tres ocasiones en que la nombraron como perito del caso.
El 21 de agosto pasado, Tapia Ibarra requirió al procesado que, un plazo de tres días hábiles, exhibiera una copia del dictamen pericial emitido por Mojica, y le advirtió que, si no contaba con ello, “manifieste su conformidad y consentimiento” para seguir el proceso únicamente con la pericial del teniente Mario del Rosario Sánchez.
A pesar de no existir dictamen alguno de Carmen Rivera, ni ninguna pericial original –sólo existen copias simples que obran en el archivo de la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses–, el 29 de agosto pasado el otro juez militar que siguió el proceso, Amando Tapia, dio por concluida la instrucción que le había ordenado reponer el Tribunal Superior Militar.
El 8 de septiembre de este año, Amando Tapia declaró por escrito cerrada la instrucción y estableció dar 15 días a cada una de las partes para conclusiones.
El fiscal militar envió el 29 de septiembre un pliego de conclusiones acusatorias contra el subteniente, la cuales fueron recibidas por el juez militar cuando éste ya había cerrado la instrucción, e incluso contaba con las conclusiones de culpabilidad del MP castrense.
El 16 de octubre, mediante el oficio 1797/1-C, el Juzgado Noveno de Distrito de Sinaloa obligó a Tapia Ibarra a “resarcir la flagrante violación procesal”, tras darle valor al dictamen en copia simple de Mario del Rosario, cuando el original estaba destruido.
De acuerdo con la defensa del subteniente, el 23 de octubre pasado fue presionada la perito Carmen Rivera por parte de Tapia Ibarra para que secundara el dictamen propuesto por la Fiscalía Militar, “alegando que el procesado era un vulgar asesino y merecía la muerte, pero la reforma constitucional y la consecuente reforma al Código de Justicia Militar habían cambiado la punibilidad del delito que se le imputa y sólo lo iban a dejar 20 años en la cárcel”. Rivera se negó y emitió de nuevo un oficio manifestando su imposibilidad para rendir su dictamen.
El pasado 6 de noviembre, el Consejo de Guerra se reunió, pero el juicio se suspendió. De acuerdo con la querella que se interpuso en la PGR, el 10 de noviembre Amado Tapia ordenó la excarcelación de Mauricio Pérez con la finalidad de amenazarlo de muerte en caso de que no revocar a su defensor particular, César López Carrillo, y se declarara culpable del delito de homicidio.
Además, le exigía que se desistiera de los amparos que “ha promovido, porque ya lo tienen harto; de lo contrario iba a pasar muchos más años en la cárcel”.
Amenazas efectivas
El 4 de diciembre, Mauricio Pérez fue atacado por los internos Alejandro Rosas, Armando Garibaldi Valdez, Jesús Bravo Delgado, Uriel Carrera García y Ángel Salomón Hernández Toledo, quienes intentaron asesinarlo mediante electrocución.
El subteniente fingió estar muerto y “escuchó que los perpetradores dijeron que el juez Tapia (refiriéndose al teniente coronel de Justicia Militar, Amado Tapia Ibarra) los iba a dejar en libertad” por asesinar a Mauricio Pérez.
Cuando sus victimarios se dieron cuenta de que fallaron, “le dijeron que se iba a morir de cáncer con todo lo que le estaban dando”.
Mauricio Pérez “se ha percatado de estar siendo irradiado (…) puesto que sus botas emiten un sonido estridente al ser aproximadas a fuentes eléctricas, y su uniforme tras el uso presenta manchas de líquido aceitoso anormal en cuello y puño, mismo que decolora la tela al ser aproximado a fuentes eléctricas”, refiere en su denuncia el abogado defensor.
El homicidio
Luego de la muerte de Renato Gámez se elaboró un acta informativa en la que cada uno de los involucrados narra los hechos. Uno de los declarantes es el cabo de sanidad Gilberto Torres Jiménez, quien refirió que el 21 de junio de 2015 el subteniente, en cumplimiento de la orden superior de destruir droga, salió junto con Renato Gámez y Mauricio Pérez rumbo al rancho “La Tinaja”, en el ejido “El Chango”.
Una vez en el sitio, el sargento segundo de transmisiones se empezó quedar atrás. Torres y el subteniente se dirigieron hasta una vaguada, se pararon bajo un árbol y comenzaron a platicar. Eran alrededor del mediodía.
También refiere que Mauricio Pérez le silbó a Renato Gámez y minutos después escucharon un disparo. Cinco minutos después, el subteniente le dijo que esperara ahí, que iba averiguar qué había sucedido. A los diez minutos acudió con el subteniente, quien le dijo que el sargento había dejado su arma tirada y “había un casco en la recamara” del rifle.
Encontraron gotas de sangre, siguieron el rastro, pero ya no había más, por lo que regresaron al punto de partida. Adelante de la vaguada se toparon con más sangre, y en ese punto hallaron la fornitura, unas monedas y la carátula de un reloj. Unos pasos después observaron tirada la radio, la gorra y, sobre una piedra, mucha sangre.
Metros después estaba el sargento tirado. El subteniente ordenó a Torres que fuera a buscar ayuda con un ranchero, quien dijo que su vehículo no tenía mucha gasolina, pero sí lo apoyaba. Cuando estaba con él escuchó otro disparo.
Se dirigieron presurosos al lugar y enseguida cargaron el cuerpo de Renato Gámez, pero como estaba pesado, “cuando lo dejábamos en suelo decía que las piedras estaban calientes”. Llegaron al vehículo, subieron al herido a la cabina y el subteniente se colocó en la parte posterior.
Tras recorrer unos cinco kilómetros, llegaron a donde estaba la Hummer del Ejército y subieron a Gámez, pero la camioneta se descompuso cerca del rancho “El Panamá”. Sin embargo, en el camino venía otra Hummer castrense y pasaron al sargento a esa unidad.
Hasta que pasaron por un área que había señal, el subteniente se comunicó para pedir una ambulancia. Debido a que la Hummer transita lento, cuando vieron en el trayecto a un vehículo civil, le pidieron trasladar al sargento, y su conductor accedió. Ya en el camino los encontró la ambulancia, aunque el médico les dijo poco después que el sargento había fallecido.
En tanto, en el acta informativa el subteniente comenta que, cuando escuchó el disparo, decidió esperar a que viniera Gámez a informarle el porqué de la detonación que provenía del lugar donde el sargento se encontraba, pero como no retornó, decidió ir a buscarlo.
Igual mencionó que, cuando encontró el arma, botó el casquillo que se había atorado, y de nuevo cargó el fusil. Enseguida llamó a Torres a quien le ordenó pedir ayuda al ranchero.
Además, en su declaración detalla que la parte superior de la cabeza del sargento estaba destrozada, le preguntó qué le había pasado y “me contestó, ‘mi arma, me quitaron mi arma’, a lo que volví a preguntar, ‘dime quiénes’, y él contestó, ‘me agarraron por la espalda’. Al notar de que él hablaba de muchos, tome el fusil e hice un disparo al aire, con la idea de que tuviera un efecto disuasivo, en virtud de que estábamos en la hondonada de la vaguada y suponiendo que se encontraban cerca los que agredieron al sargento”. En su posterior relato coincide con la declaración de Torres.
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