Un gran jurado de Virginia formalizó cargos contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu; el Departamento de Justicia detectó un entramado de transferencias espejo y cuentas internacionales que movilizaban ganancias del tráfico de fentanilo y cocaína.
Los mecanismos de fiscalización de los activos virtuales y financieros internacionales expusieron las operaciones de redes de lavado de dinero que asisten a las principales corporaciones delictivas de origen mexicano. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos divulgó un pliego de acusación formal radicado ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia en contra de dos ciudadanos de nacionalidad china, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, imputados por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero transnacional.
El documento judicial especifica que los procesados —quienes se mantienen bajo el estatus jurídico de prófugos de la justicia federal— operaron un complejo esquema financiero entre los años 2016 y 2025. Las indagatorias detallan que la red criminal recurría a métodos clandestinos de triangulación de recursos monetarios, tales como el uso de transferencias espejo, la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales en el extranjero, aplicaciones de mensajería electrónica con encriptación militar de alta seguridad y sistemas automatizados de verificación de números de serie para validar las transacciones físicas de efectivo.
De acuerdo con los informes emitidos por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, adscrito a la División Penal del Departamento de Justicia, el entramado corporativo operaba en alianza y conexión directa con las cúpulas del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los fondos blanqueados a nivel internacional provenían de las utilidades directas generadas por la importación y comercialización de cargamentos masivos de estupefacientes sintéticos en el mercado norteamericano, principalmente fentanilo refinado y clorhidrato de cocaína.
La investigación técnica fue coordinada de manera centralizada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), contando con el apoyo operativo de oficinas tácticas distribuidas en urbes como Chicago, Nueva York, Atlanta, Bogotá y Dubái. Las agencias judiciales norteamericanas precisaron que, en caso de ser capturados y declarados culpables por el tribunal de distrito en Alexandría, Virginia, los imputados encaran una penalidad máxima obligatoria de hasta 20 años de prisión ordinaria.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y DEA | © Redacción NoticiasPV