Desde la reforma electoral hasta las relacionadas con austeridad y los gasolinazos, en San Lázaro quedaron atorados los cambios
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CIUDAD DE MÉXICO.
La falta de acuerdos en la Cámara de Diputados mermó la agenda legislativa de los grupos parlamentarios, lo que ocasionó que cerraran el 2019 con muchos pendientes, incluso, la bancada predominante, Morena, no cumplió el 26 por ciento de las reformas que prometió llevar a discusión entre septiembre y diciembre pasados.
Entre los pendientes de todos los grupos figuran cambios torales en las leyes como la Reforma Política y Electoral, así como reformas para consolidar la austeridad republicana, mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país, eliminar impuestos a quienes ganan menos, ir contra los gasolinazos y hacer deducibles gastos en educación, salud y vivienda de los ciudadanos.
A principios de septiembre pasado, el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó la agenda de prioridades de su bancada compuesta por 25 reformas y nuevas leyes, pero seis quedaron pendientes por desacuerdos internos, con la oposición e incluso con sus propios aliados, tal es el caso de reducir el 50 por ciento del financiamiento público a partidos políticos, rechazada por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista.
También se estancó la Reforma Política y Electoral en medio de una discusión que advierte por parte de la oposición, grupos de la sociedad civil y actores involucrados que representa un riesgo para los órganos electorales, refutando el argumento, Morena y aliados justifican que reducirá costos en política y elecciones introduciendo nuevas prácticas que abaraten los procesos democráticos.
La falta de consensos en la Cámara propició que el Congreso incumpliera el plazo del 15 de diciembre pasado que le fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para crear los criterios que calculan el salario del Presidente de la República, que es tope para definir los sueldos en la administración pública federal.
Morena tampoco logró despegar de la discusión la reforma para regular la subcontratación, conocida como outsourcing, que aunque también es impulsada por la oposición fue pospuesta por la presión del sector empresarial.
En tanto, la reforma para reordenar el sector marítimo mexicano fue frenada de última hora por desacuerdos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco se pudo impulsar la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, para fomentar la austeridad y racionalidad del gasto en publicidad oficial.
Las otras siete bancadas en la Cámara, el PAN, PRI, PRD, MC, PES, PT y Verde, no presentaron una lista de reformas o nuevas leyes específicas, pero sí temas que buscarían impulsar. El 27 de agosto, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó que la agenda de su grupo contenía 24 acciones en cuatro ejes temáticos fundamentales definidos en economía familiar, seguridad y justicia, derechos e instituciones democráticas.
Sin embargo, no logró llevar a discusión temas marcados como prioritarios: la exención de pagos del impuesto sobre la renta de los que menos ganan y la deducibilidad de gastos en sectores como educación, salud, vivienda e intereses por inversión en bolsa de valores.
También en la medición de la pobreza se había propuesto fortalecer la autonomía y continuidad del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), a fin de evitar toda injerencia política y asegurar su independencia, objetividad y profesionalismo en la evaluación, diseño, operación e impacto de la política social.
Por otra parte, la bancada del PRI se propuso sin éxito llevar a discusión la disminución de IVA e ISR en la frontera norte; deducir al 100 por ciento las colegiaturas escolares en todos los niveles; implementar estímulos fiscales a empresas que hagan inversión pública para que sus deducciones se apliquen en ese mismo año; seguro de desempleo que atienda a todos los mexicanos que han perdido su empleo, tanto en el sector público como en el sector privado.
También acabar con los gasolinazos y bajar el precio de los combustibles; combatir el cobro de “derecho de piso” agravando las penas del delito de extorsión; impulsar la segunda vuelta electoral, y acciones para promover la contratación de adultos de más de 45 años, y sancionar a empleadores que discriminen por edad.
La bancada del Movimiento Ciudadano se propuso sin éxito prohibir el uso del dinero de efectivo para cualquier transacción gubernamental, fortalecer las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación e impulsar la creación de Ley General de Aguas.
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