El proyecto legislativo busca erradicar el enlistamiento de menores y adultos mediante redes criminales, permitiendo que la investigación de este delito pueda iniciarse de oficio.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que establece sanciones de 10 a 20 años de prisión para quienes incurran en el delito de reclutamiento forzado de personas por parte de la delincuencia organizada, abordando uno de los problemas más graves que afectan la tranquilidad de las familias mexicanas y la seguridad nacional.
Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado morenista Julio César Moreno, destacó que la nueva ley general permitirá que la investigación del delito pueda iniciarse de oficio en cuanto las autoridades tengan conocimiento de los hechos, evitando así que las víctimas tengan que arriesgar su vida para que el Estado actúe, enfatizando que no basta con castigar al responsable, sino que se debe proteger de manera integral a quienes son incorporados a estructuras criminales mediante engaños, amenazas o necesidades económicas.
Por su parte, el diputado priista Miguel Alejandro Alonso señaló la tragedia que viven miles de menores que se ven obligados a obedecer a temprana edad en lugar de asistir a clases, respaldando el voto a favor de su bancada ante un marco normativo que contempla diversas agravantes para la pena principal. En el mismo sentido, la diputada de Morena Elena Edith Segura explicó que la reforma reconoce circunstancias severas que incrementan la sanción, tales como el uso de tortura, violencia sexual, privación de la libertad, lesiones, el aprovechamiento de conocimientos especializados o la pertenencia de las víctimas a pueblos indígenas, afromexicanos o en situación de movilidad humana, subrayando que la falta de una tipificación específica anterior generaba un vacío jurídico que dificultaba investigar y sancionar adecuadamente.
Asimismo, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía, del Partido Trabajo, detalló que la solución jurídica consistió en reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata incorporando un capítulo específico para el reclutamiento forzado, recordando casos emblemáticos como el del rancho Izaguirre en Jalisco y advirtiendo que este ilícito constituye la puerta de entrada a la desaparición, la tortura y el homicidio. A su vez, el legislador panista José Guillermo Anaya enfatizó la responsabilidad de Estado que exige este fenómeno, recordando los datos aportados por la presidencia de la república sobre miles de cuentas y páginas en redes sociales utilizadas para enganchar a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo, coacción y amenazas.
Fuente: Cámara de Diputados / Debates legislativos | © Redacción NoticiasPV