La pena podría aumentarse hasta el doble cuando el delito sea perpetrado en contra de una mujer
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En el contexto de las agresiones registradas en contra de mujeres en distintos estados del país -algunas de las cuales han derivado en feminicidios- un grupo de 17 diputadas federales propusieron establecer penas de entre cinco y ocho años de cárcel a quienes ataquen a otras personas con ácido u otras sustancias corrosivas e inflamables.
La iniciativa de reforma al Código Penal Federal fue publicada este miércoles 27 de julio en la Gaceta Parlamentaria y consiste en agregar cinco párrafos al artículo 294 de dicha normativa.
De manera general, la propuesta consiste en aplicar una pena de entre cinco y ocho años de prisión a las personas que causen lesiones corporales con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva, provocando un daño físico, motriz, psicológico o económico.
Adicionalmente, las diputadas agregaron una agravante del delito en caso de que la agresión se lleve a cabo en contra de una mujer.
Los párrafos que propusieron incluir son los siguientes:
1) Se impondrá de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona [es decir, por instrucciones de alguien más] cause lesión a cualquier persona dejando un daño físico, motriz, psicológico o económico, utilizando para ello ácidos o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que por sí misma o mezclada con otros agentes, genere lesiones internas, externas o ambas.
2) En los casos en que el daño sea en la cara, el cuello, el brazo, la mano, o afecte la funcionalidad de los órganos sexuales, se agravará un tercio de la pena inicial prevista en el mismo artículo.
3) Cuando esta lesión se cometa en agravio de una mujer, la pena se aumentará el doble en razón de la pena inicial prevista en este artículo. [Con esto, las personas responsables de este delito podrían pagar una condena de hasta 16 años de cárcel].
4) El personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica.
5) El Ministerio otorgará el reconocimiento de la calidad de víctimas de conformidad con la Ley General de Víctimas, para que se tramiten los procedimientos de reparación integral del daño”.
A manera de especificación, las legisladoras señalaron que por “ácidos” deben entenderse sustancias como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, que son las más utilizadas para perpetrar este tipo de ataques, de acuerdo con la organización Acid Survivors Trust International.
Por otro lado, señalaron que las sustancias corrosivas deben englobar a todas aquellas que causen “destrucción visible o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto”.
Las diputadas que presentaron esta iniciativa son integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC).
La encargada de dar a conocer esta propuesta en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue Aleida Alavez Ruiz, diputada por el partido guinda, quien señaló la ausencia del PRI en esta iniciativa.
Durante su intervención, acusó que los gobernadores de las entidades en las que se han presentado este tipo de ataques “han contestado de la forma más absurda y criticable”.
Bajo esta narrativa, puntualizó que es en los estados en donde se concentra la falta de atención debida para las víctimas, pues “los servidores públicos medianos, con sus declaraciones, sólo provocan la revictimización de las mujeres asesinadas y de sus familias”.
Finalmente, reprochó a la Fiscalía de Jalisco por las declaraciones emitidas el pasado martes 26 de julio, ya que “se contradice una y otra vez” al insinuar que la muerte de Luz Raquel Padilla pudo haber sido resultado de una autoagresión y, posteriormente, vincular a proceso a Sergio Ismael “N”, identificado como responsable de agresiones previas en contra de la joven de 35 años.
“Que no haya declaraciones que infrinjan más lo lacerante que es este delito”, pidió la diputada.