Documentos de la FGR revelan que Diego Rivera Navarro agredía físicamente a vendedores y empresarios para saldar una millonaria deuda con el CJNG.
La investigación federal contra Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, ha sacado a la luz prácticas de extrema violencia y brutalidad. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, el edil no solo coordinaba una red de extorsión, sino que participaba personalmente en agresiones físicas contra ciudadanos. Un agente federal documentó cómo Rivera Navarro abofeteó y golpeó a un vendedor de comida en la vía pública hasta provocarle sangrado nasal, tras reclamarle que no tenía el «dinero completo» de la cuota impuesta.
El reporte señala que el alcalde operaba acompañado por sujetos armados con rifles de asalto, quienes rodeaban a los comerciantes para amedrentarlos. Bajo la amenaza de entregarlos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rivera Navarro exigía pagos que servían para cubrir los 120 millones de pesos que presuntamente pagó a la organización criminal para «comprar la plaza» y operar con impunidad en el municipio.
Extorsiones desde artesanos hasta José Cuervo
El esquema de recaudación forzada no distinguía niveles económicos. Testimonios integrados en el expediente detallan el caso de un artesano que fue secuestrado por el director de Seguridad Pública y el jefe de Gabinete tras no poder cubrir una mensualidad de 20 mil pesos debido a la enfermedad de su hijo. La víctima fue llevada ante el propio alcalde, quien tras golpearlo en el rostro, le impuso una «multa» de 30 mil pesos bajo la amenaza de desaparecerlo.
La red delictiva también apuntó a grandes empresarios de la industria tequilera. Según las denuncias, a los propietarios de La Cofradía se les exigieron 6 millones de pesos, mientras que a la empresa José Cuervo se le impuso una cuota de 60 millones. Aquellos que se negaban sufrían la clausura inmediata de sus instalaciones por parte de las autoridades municipales cómplices.
Tortura y amenazas a políticos
La investigación incluye declaraciones de regidoras que acusan al alcalde de operar directamente para el CJNG y de utilizar la tortura para eliminar competencia política. Se detalla que en 2021, Rivera Navarro ordenó el «levantamiento» y tortura de contrincantes electorales para obligarlos a renunciar a la contienda.
Actualmente, estos testimonios forman parte fundamental del proceso judicial que mantiene a Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos en prisión, mientras surgen más víctimas que, ante la captura del edil, han comenzado a denunciar el régimen de terror que imperó en el Pueblo Mágico desde finales de 2024.
Fuente: El Financiero / FGR | © Redacción NoticiasPV
