Elementos del ICE aseguraron a la conductora en Estados Unidos tras vencerse su visa, mientras el gobierno mexicano evalúa los pasos a seguir tras el caso de su esposo.
La situación jurídica de la conductora de televisión Inés Gómez Mont dio un giro inesperado luego de ser detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes y precisiones oficiales, la aprehensión no derivó de una orden de extradición con fines penales en México, sino de una falta administrativa relacionada con el vencimiento de sus documentos migratorios, un escenario que se configura tras confirmarse que la Interpol retiró la ficha roja que pesaba tanto sobre ella como sobre su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
El arresto se da en medio de reclamos emitidos desde el gobierno federal mexicano, luego de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la decisión del organismo internacional de desactivar la alerta global contra el matrimonio, acusado por presuntas redes de lavado de dinero. Mientras las autoridades nacionales analizan los mecanismos diplomáticos y judiciales para solicitar su repatriación, trasciende que la conductora podría seguir un proceso similar al de su cónyuge, quien presuntamente habría enfrentado procesos en EE. UU. sin pisar cárceles mexicanas, manteniendo la incertidumbre sobre su eventual rendición de cuentas ante la justicia.
Estatus migratorio, retiro de alertas internacionales y el complejo panorama diplomático en torno al caso del matrimonio prófugo:
– Detención en EE. UU.: Agentes del ICE aseguraron a la conductora en Florida debido a irregularidades en el estatus y vencimiento de su visa migratoria.
– Revocación internacional: La Interpol eliminó la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, limitando las acciones inmediatas de captura.
– Reclamo federal: El gobierno de México exigió explicaciones y busca mecanismos para restablecer la orden de aprehensión internacional con fines de extradición.
– Antecedentes legales: La pareja suma cinco años prófuga de la justicia mexicana tras ser señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso pone a prueba la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia y los vacíos legales que enfrentan las fiscalías al procesar a prófugos refugiados en territorio extranjero.
Fuente: ICE / FGR / Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV
