La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló la presunta participación del detenido en un esquema ilegal que facilitó la obtención ilícita de pensiones
La detención de Gerardo “N” ha puesto en el centro de atención un esquema de fraudes pensionarios que, según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), ha causado un daño patrimonial superior a 16 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La captura del abogado, ocurrida en Torreón, Coahuila, responde a una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, aunque su presunta implicación se extiende a una red de obtención ilícita de pensiones en complicidad con funcionarios públicos.
De acuerdo con una publicación de La Jornada, la jueza Salma Martínez, con sede en Torreón, emitió la orden de aprehensión que derivó en la detención de Gerardo “N” a las 12:55 horas del 16 de octubre en la calle Boulevard Ejército Mexicano, en Gómez Palacio.
Las indagatorias, encabezadas por María de la Luz Mijangos Borja al frente de la FEMCC, se iniciaron a partir de denuncias presentadas por el ISSSTE durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) y presentada ante jueces federales, los fraudes detectados en la obtención de pensiones ilegales superan los 5 mil 900 millones de pesos, lo que representa aproximadamente una tercera parte del total del daño patrimonial sufrido por el instituto.
La investigación sostiene que Gerardo “N”, en su calidad de apoderado legal de trabajadores, promovió juicios laborales ante la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que este tribunal carecía de competencia para conocer esos asuntos.
Según la FGR, la Junta admitió y resolvió de manera indebida las demandas, dictando laudos condenatorios contra el ISSSTE que facilitaron el fraude. Esta dinámica ha dado lugar a decenas de carpetas de investigación y al menos 25 causas penales con órdenes de aprehensión en curso.
La magnitud del problema llevó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a suprimir la Junta Especial 42 mediante un acuerdo publicado el 17 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
La FGR informó que la detención de Gerardo “N” se realizó a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ejecutaron la orden de aprehensión federal por el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2019.
“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo ‘C’, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2019”, informó la institución.
El caso, documentado por La Jornada desde junio de 2024, revela la presunta colaboración de Gerardo “N” con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42, quienes habrían dictado fallos favorables para consumar los fraudes pensionarios.
La detención del abogado representa un avance en las investigaciones sobre una de las redes de corrupción más relevantes que han afectado al sistema de seguridad social en México.