El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal declaró improcedente el juicio de garantías promovido por Ramón Ángel Álvarez Ayala, operador del CJNG recluido en el Altiplano, argumentando que las peticiones sobre posibles órdenes de entrega o expulsión corresponden a actos futuros e inciertos.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, bajo la titularidad del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, resolvió desechar por improcedente la demanda de amparo interpuesta por la representación legal de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias «El R1», identificado por las autoridades de seguridad como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado en noviembre de 2025.
La resolución judicial emitida en Toluca determinó que la solicitud de protección federal no procede debido a que los actos reclamados por la defensa —enfocados en frenar cualquier orden de extradición, expulsión o destierro del país— constituyen «actos futuros de realización incierta». La demanda había sido promovida por el procesado desde el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como «El Altiplano», tras la acusación formal presentada por un gran jurado federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos, donde se le imputan delitos de conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como posesión ilícita de armas de fuego de uso exclusivo.
Álvarez Ayala fue aprehendido por fuerzas federales en julio pasado, imputado tanto por la ejecución del exedil de Uruapan como por su presunta vinculación con el feminicidio de la generadora de contenido Valeria Márquez. El procesado es señalado como uno de los líderes de la facción delictiva «Los R», compartiendo la estructura de mando con sus hermanos Rafael Álvarez Ayala, «R-2», y Jesús Santiago Álvarez Ayala, todos ellos ligados históricamente al círculo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estructura de esta célula delictiva ha mantenido presencia operativa en el estado de Michoacán y regiones colindantes, asociándosele con redes de extorsión a productores agrícolas, ejecución de homicidios y tráfico internacional de narcóticos. Con la determinación de la autoridad jurisdiccional, el expediente sobre el estatus del imputado continúa su curso en las instancias correspondientes del fuero federal.
Fuente: CJF – FGR – SSPC | © Redacción NoticiasPV
