El Departamento de Justicia rechazó cualquier convenio de culpabilidad con los hermanos Treviño Morales tras comparecer en la Corte de Washington D.C.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) descartó de manera formal la posibilidad de otorgar un acuerdo de culpabilidad o beneficios procesales a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos en el entorno criminal como «Z-40» y «Z-42». Durante una comparecencia celebrada en la Corte de Distrito de Washington D.C., la representación jurídica del gobierno estadounidense confirmó que ambos exlíderes de la organización delictiva Los Zetas serán sometidos a un juicio abierto por cargos de delincuencia organizada, narcotráfico internacional, lavado de dinero y posesión de armamento restringido.
Ante la propuesta del juez federal Trevor McFadden de iniciar el desahogo de pruebas en el segundo semestre de 2028, los equipos legales de los imputados interpusieron una moción de prórroga argumentando la inviabilidad del calendario. Los defensores argumentaron que el expediente integrado por las diversas oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) contiene un volumen aproximado de cinco millones de archivos digitales, entre los que se incluyen un millón y medio de grabaciones de audio que requieren análisis técnico exhaustivo. Asimismo, la autoridad judicial denegó la petición de los reos para revocar el régimen de confinamiento solitario en centros penitenciarios separados que mantienen desde su llegada a territorio norteamericano.
Ambos objetivos prioritarios fueron entregados por el Gobierno de México a las agencias estadounidenses en febrero de 2025 bajo un esquema administrativo de excepción fundamentado en criterios de seguridad nacional, luego de que reportes de inteligencia penitenciaria indicaran que los internos continuaban coordinando operaciones delictivas y agresiones contra personal de custodia desde los penales federales. Pese a que los acusados interpusieron decenas de juicios de amparo en los tribunales mexicanos para frenar su traslado, las autoridades judiciales norteamericanas fijaron el próximo 10 de septiembre de 2026 como la fecha límite para establecer la agenda definitiva del juicio penal.
Fuente: DOJ / Corte de Distrito de Washington D.C. | ©️ Redacción NoticiasPV
