Legisladores federales exigieron que la mandataria se separe del cargo mientras la fiscalía investiga presuntas operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
Un grupo de diputados federales del Partido Acción Nacional acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia penal contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitando que solicite licencia a su cargo para permitir el desarrollo imparcial de las indagatorias.
La representación legislativa del blanquiazul argumentó que la querella integra elementos sobre posibles irregularidades financieras ligadas a la empresa Vida Orgánica, además de señalamientos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mediante una presunta red de empresas con la que se habrían triangulado fondos públicos estatales.
El recurso legal se presentó como consecuencia de las sanciones administrativas aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 compañías vinculadas a la estructura operativa de «Los Mayos», facción del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, señalado por las autoridades norteamericanas como presunto operador político en la región.
Ante estos hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de los involucrados en el informe estadounidense. Por su parte, la mandataria estatal reiteró que no se encuentra incluida en las listas del gobierno norteamericano, que su gobierno no mantendrá contratos con empresas señaladas y que concluirá su periodo constitucional en el Ejecutivo estatal.
Fuente: Cámara de Diputados / Fiscalía General de la República | © Redacción NoticiasPV