En su reciente obra periodística «Narcocracia», la investigadora documenta el avance sistemático del crimen organizado en dependencias clave como la FGR, la Sedena, la Guardia Nacional y la SSPC.
La periodista de investigación Anabel Hernández identificó a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país como los organismos más vulnerables e infiltrados por el crimen organizado durante las últimas tres décadas, destacando a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En entrevista relacionada con la publicación de su libro «Narcocracia», la escritora sostuvo que la penetración de las estructuras delictivas, particularmente del Cártel de Sinaloa, trascendió el ámbito de la corrupción en municipios o corporaciones locales para tomar el control de las instancias constitucionales con capacidad de fuego y persecución penal, situación que definió como la captura sistemática del Estado mexicano.
Dentro de sus planteamientos, Hernández señaló que el actual titular de la SSPC, Omar García Harfuch, operaba bajo la influencia de estructuras criminales previo a asumir sus cargos públicos actuales, formando parte de un esquema de cooptación institucional acumulado que no se limita a una sola administración federal o bandera partidista, sino que contaminó a las Fuerzas Armadas y a las dependencias de inteligencia de manera progresiva.
La autora reitera en su investigación testimonios de exintegrantes de la delincuencia organizada, como Sergio Villarreal Barragán «El Grande» y Dámaso López Serrano «El Mini Lic», sobre presuntos acuerdos de financiamiento en campañas electorales pasadas del expresidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de protecciones operativas, limitar la actuación de la DEA y reducir el uso de la fuerza del Estado, asegurando que decisiones emblemáticas como el fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán López en 2019 o el saludo a familiares de capos respondieron a esa dinámica.
Asimismo, la investigadora extendió sus tesis hacia la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, calificando la continuidad del modelo como una «narcocracia» y citando como evidencia la postura oficial frente al expediente del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por tribunales de Estados Unidos. Para Hernández, los pactos narco-electorales dejaron de ser excepciones regionales para convertirse en una regla de la política nacional respaldada por indagatorias abiertas en fiscalías de Nueva York.
Fuente: Infobae – Anabel Hernández | © Redacción NoticiasPV