Tras la difusión de grabaciones de la gobernadora de Baja California, legisladores y el Gobierno Federal debaten si la entrega de datos de seguridad a agentes extranjeros constituye un ilícito.
La reciente filtración de un archivo de audio que involucra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde presuntamente manifiesta su disposición para compartir datos tratados en las mesas de seguridad con supuestos agentes de los Estados Unidos a cambio de resolver una problemática con su visado, desató una controversia jurídica sobre si dicha conducta encuadra en los delitos previstos por el Código Penal Federal.
Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, expuso que el caso requiere una investigación formal por parte de las autoridades competentes. El legislador argumentó que en el material se escucha una intención de sustraer datos reservados del Estado mexicano para obtener un beneficio de carácter particular. En contraste, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó la apertura de una indagatoria institucional al señalar que, tras el análisis del material de audio, no se infiere ni se acredita la comisión de ningún tipo de conducta delictiva por parte de la mandataria estatal.
A pesar de las posturas políticas encontradas, el marco legal vigente en el Código Penal Federal regula estrictamente el manejo de datos gubernamentales. El artículo 128 de dicha norma impone penas de cinco a veinte años de prisión y multas económicas a cualquier ciudadano que posea documentos o informes de carácter confidencial y los entregue a un gobierno extranjero en perjuicio de la nación. Asimismo, el artículo 123 contempla sanciones severas por traición a la patria para quienes colaboren o encubran actos de espionaje que vulneren la soberanía nacional, correspondiendo únicamente a las instancias judiciales determinar si los hechos configuran un delito.
Fuente: Ricardo Anaya y Omar García Harfuch | © Redacción NoticiasPV
