El despacho legal de los hermanos Farías Laguna, señalados como líderes de una red de «huachicol fiscal», argumentó que su sueldo y prestaciones son un derecho mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
El despacho Epigmenio Mendieta y Abogados, encargado de la defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, confirmó que los militares se mantienen activos en la Secretaría de Marina (Semar) y tienen derecho a percibir sus ingresos, pese a las órdenes de aprehensión en su contra por encabezar presuntamente la red de tráfico de combustible más grande del país.
Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, enfrentan acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero. Según las investigaciones, esta red operaba desde el interior de la propia Semar, permitiendo que buques cargados con millones de litros de combustible pasaran por las aduanas sin pagar impuestos.
Pagos a un preso y a un prófugo
Una investigación de Latinus reveló que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de «El Altiplano», mantuvo sus ingresos de acuerdo con su grado hasta diciembre pasado.
Por su parte, su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo de la justicia, también se ha mantenido en el registro de personal activo, conservando sus haberes. Aunque la dependencia inició un proceso de baja por el delito de deserción, la defensa sostiene que los pagos son legales bajo el principio de presunción de inocencia.
“La separación definitiva del servicio o la suspensión de haberes únicamente deben derivarse de una sentencia ejecutoriada o de un procedimiento administrativo resuelto”, sostuvo el despacho legal.
El origen del «huachicol» fiscal
El esquema fue destapado en septiembre de 2025 por el gabinete de seguridad federal. Se detalló cómo la red utilizaba el control de la Marina sobre los puertos para introducir hidrocarburos al país de forma ilegal.
A pesar de la gravedad de los cargos, la defensa técnica advierte que no es irregular que los elementos reciban sus prestaciones mientras no se agote el debido proceso. Este caso ha puesto bajo la lupa los mecanismos de control interno de las fuerzas armadas y los privilegios que mantienen mandos de alto rango incluso bajo investigación criminal.
Fuente: Latinus / Epigmenio Mendieta y Abogados | © Redacción NoticiasPV
