La firma secreta de una directiva por parte del presidente Donald Trump para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra cárteles de la droga —incluidos varios mexicanos ya catalogados como organizaciones terroristas— coloca a México en un escenario de alto riesgo diplomático y legal. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza cualquier intervención militar directa en territorio nacional.
Newsroom | NoticiasPV
La revelación publicada este viernes 8 de agosto de 2025 por The New York Times, y replicada por medios como Infobae, El Universal, Proceso, El Financiero, La Jornada. AP, Reuters y medios internacionales como El País, encendió las alarmas en México. Según el reporte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva al Pentágono para permitir operaciones militares directas contra cárteles de la droga, incluso fuera del territorio estadounidense.
La medida tiene un impacto particular en México, donde organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana ya fueron designadas por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Esta clasificación equipara legalmente a los grupos criminales mexicanos con redes terroristas globales, como Al Qaeda, lo que habilita acciones militares, sanciones económicas y operaciones de inteligencia ampliadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, respondió de forma tajante:
“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”.
Reconoció, no obstante, que la propuesta ha surgido en conversaciones bilaterales, pero aseguró que su gobierno ha dejado claro que cualquier colaboración se hará por otras vías y no con tropas extranjeras en suelo mexicano.
Para especialistas en seguridad y derecho internacional, este decreto supone un desafío sin precedentes para la relación bilateral. Por un lado, coloca a las Fuerzas Armadas de EE. UU. en un rol activo y de liderazgo contra grupos criminales extranjeros. Por otro, abre un debate sobre la soberanía mexicana y los límites que impone el derecho internacional al uso de la fuerza militar en otro país sin su consentimiento.
En términos prácticos, la orden de Trump no sólo permite acciones en el mar y en aguas internacionales, sino que también sienta las bases para operaciones especiales en territorio extranjero contra objetivos designados. El antecedente más cercano es la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, un episodio que la ONU calificó como una violación flagrante del derecho internacional.
Analistas advierten que, aunque Washington sostenga que el objetivo es frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas, cualquier incursión militar no autorizada podría derivar en una crisis diplomática de gran escala y tensar aún más la relación entre ambas naciones.
Por ahora, el gobierno de México se mantiene firme en su postura de cooperación, pero sin intervención militar extranjera, mientras en Estados Unidos se afinan las estrategias para ejecutar el decreto. El futuro inmediato dependerá de si Trump decide ejercer esta nueva facultad o la usa como herramienta de presión en la agenda bilateral.
