Los empresarios mexicanos Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila son señalados en EEUU como los principales operadores de una red de corrupción en la petrolera estatal
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Un expediente desclasificado en la Corte del Distrito Sur de Texas ha colocado bajo los reflectores a la plana mayor de la energía mexicana. Entre 2019 y 2021, Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) concedieron millonarios contratos a las compañías de los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, radicados en Texas.
La vía: pagos en efectivo y una lista de artículos de lujo entregados en forma de sobornos a tres funcionarios clave dentro de la estructura de la petrolera mexicana.
¿Cómo funcionaba la red de corrupción?
Los documentos judiciales estadounidenses revelan cómo un gerente senior de auditoría interna y dos coordinadores del proceso de compras de PEP se convirtieron en piezas fundamentales para viabilizar los accesos empresariales a los procesos de licitación y cobros de contratos.
Las identidades de estos funcionarios fueron reveladas ante el Gran Jurado estadounidense, pero aún no se han hecho públicas. Entre sus funciones estaban la gestión de auditorías internas, la autorización de pagos y la gestión de servicios vinculados a infraestructura terrestre.
Los sobornos rebasaron el simple flujo de dinero. Los pagos se materializaron en relojes suizos Hublot, bolsas Louis Vuitton y una caminadora, además de transferencias en efectivo.
El expediente detalla que los acuerdos alcanzaron la suma de al menos 150 mil dólares repartidos durante el periodo investigado, aunque sumas superiores en actos vinculados a intermediarios y gestiones colaterales no se descartan.
Parte de las solicitudes y negociaciones se llevaron a cabo a través de mensajes de WhatsApp, en los que empresarios y funcionarios coordinaban pagos y favores.
Algunos fragmentos que exhiben la cercanía y la mecánica del soborno incluyen textos como: “Hablé con el amigo [ROVIROSA]. En cuanto le paguen, coordinamos las cosas para ir a verte”, o “No me mueve el dinero, sino el compromiso con personas como tú”.
En otros mensajes se reportan frases como “Nuestra situación mejoró mucho con tu apoyo. Gracias, amigo”, y la confirmación de la entrega de regalos: “Ya se lo dieron y va en camino para ti”.
Las transferencias y los objetos de lujo no fueron entregados al azar, sino como compensación explícita para destrabar auditorías, omitir objeciones técnicas, emitir pagos retenidos y autorizar renovaciones contractuales a favor de consorcios seleccionados.
Entre las formas de pago figuran entregas en efectivo realizadas cerca del edificio conocido como la Torre de Pemex, por ejemplo, un pago de 500 mil pesos a través de intermediarios, además de transferencias de aproximadamente 220 mil dólares retirados en distintas ciudades como Campeche y Ciudad del Carmen para su entrega directa a los funcionarios involucrados.
Estos bienes de alto valor funcionaron como moneda para autorizar pagos, tolerar irregularidades y facilitar renovaciones contractuales que, en el conjunto, superaron los 82 millones de pesos en contratos favorecidos.
Empresas bajo la lupa
Un análisis de los registros contractuales entre 2018 y 2021 identifica a compañías como Tubular Technology y Energy On Shore entre las más beneficiadas.
Ambas figuran en documentos de la Secretaría de Energía y expedientes judiciales como destinatarias de licitaciones y pagos derivados de adjudicaciones donde los funcionarios investigados tenían poder de decisión o influencia directa. Rovirosa fundó y forma parte del consejo de administración de ambas empresas, que están radicadas en Tabasco, donde es originario.
Un contrato relevante firmado en marzo de 2020, por casi 31 millones de pesos, asignó trabajos de carreteras y plataformas. Otro, por 52 millones de pesos, correspondió a tareas de integridad mecánica.
En un tercer caso, la auditoría previa había frenado un pago de 20 millones de pesos en un contrato de mantenimiento de ductos; la gestión ante funcionarios facilitó que, en vez de responder a observaciones severas, las compañías solo afrontaran una sanción mínima de 225 mil pesos antes de recibir la liquidación total.
Las influencias
Las compañías ganadoras presentan estructuras radicadas en Tabasco y Texas. Los principales operadores detrás de este esquema —Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila— aparecen en registros corporativos y bancarios como beneficiarios directos de la adjudicación de contratos y responsables del financiamiento de los sobornos.
Rovirosa es identificado como mano derecha de Omar Vargas, empresario investigado por presuntamente defraudar a Pemex mediante al menos una veintena de empresas fachada. Una de estas empresas fue constituida por el notario Adán Augusto López Hernández, quien después se desempeñó como gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y actualmente es senador. Estas conexiones empresariales y políticas han generado atención adicional sobre la red de intereses que facilitó las contrataciones.
Ramón Rovirosa fue arrestado el 10 de agosto en Texas, presentado ante un juez federal, donde se declaró no culpable, y se le impuso una fianza de un millón de dólares. Enfrentará en libertad —bajo caución— el proceso penal correspondiente en Estados Unidos, donde se prevé que el juicio formal avance en las próximas semanas.
Por su parte, Mario Alberto Ávila Lizárraga permanece como prófugo, con orden de búsqueda y captura internacional, y las autoridades estadounidenses han activado mecanismos colaborativos para su localización.
Ambos empresarios enfrentan cargos en el sistema judicial estadounidense por conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cada uno de los delitos imputados.
