De Bermúdez Requena a Ricardo Gallardo: presentan plataforma de políticos vinculados al crimen organizado

infobae.com

La plataforma narcopoliticos.com creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas junto con la organización civil mexicana Defensorxs anunció el perfil de 11 presuntos funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado; los periodistas también declararon que publicarán próximamente el perfil de 19 políticos más ligados a cárteles mexicanos.

La página web ordenará a cada uno de los personajes implicados por estados en los que operan, partido político o sector al que pertenecen, a qué cártel u organización criminal están relacionados y en qué sexenios estuvieron activos o si continúan dentro de la política.

De acuerdo con los periodistas, los documentos oficiales que muestra la página son prueba suficiente para que se inicie una carpeta de investigación oficial o en caso de los personajes que cumplen sentencia, no “se olviden de los hechos que cometieron”.

A continuación, se presenta una revisión de los 11 funcionarios vinculados al crimen organizado.

Exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (2019-2024), señalado como presunto líder de La Barredora de Tabasco, una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al huachicol, secuestro, extorsión y tráfico de personas.

Bermúdez habría participado en el contrabando de al menos 38 millones de litros de hidrocarburos desde el puerto de Dos Bocas, con la complicidad de funcionarios de la Fiscalía General de la República y de Pemex.

La SEDENA y la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaban desde 2019, y en febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Antes de su captura, Bermúdez huyó vía Mérida a Panamá, posteriormente a España y, según reportes, se encontraría en Brasil, donde cuenta con ficha roja de Interpol.

Exgobernador de Michoacán (2015–2021), enfrenta una orden de aprehensión emitida por la FGR en 2025 por peculado, asociación delictuosa y desvío de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la Guardia Civil. Actualmente, se encuentra prófugo.

Durante su administración, el estado vivió una escalada de violencia con la consolidación de al menos siete cárteles, entre ellos La Familia Michoacana, el CJNG, Los Viagras y Los Caballeros Templarios. El sacerdote Gregorio López “Padre Goyo” lo acusó de reunirse con jefes de plaza y de permitir que grupos criminales operaran como “guardias comunitarias” bajo protección institucional, lo que la FGR ha calificado como “gobernanza criminal”.

Exgobernador priista de Tamaulipas (1999–2004), enfrenta procesos en México por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025.

Desde su campaña de 1998, testigos protegidos lo señalaron como beneficiario de aportes millonarios del Cártel del Golfo, con entregas en efectivo de hasta 800 mil dólares para financiar su candidatura. Durante su administración, habría permitido la operación sin restricciones del Cártel del Golfo y de Los Zetas, colocando en cargos estratégicos a funcionarios ligados a estas organizaciones y facilitando rutas para el trasiego de drogas.

En Estados Unidos, la DEA y autoridades judiciales lo acusaron de conspiración RICO, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario. Fue detenido en 2017 en Florencia, Italia, y extraditado a ese país, donde en 2021 se declaró culpable de recibir sobornos y lavar dinero, recibiendo una condena que debía concluir en 2027.

Actualmente permanece recluido en el penal del Altiplano mientras continúan las investigaciones en su contra.

Exsecretario de Seguridad Pública federal (2006–2012), fue detenido en 2019 en Miami y procesado en una corte de Brooklyn, Nueva York, por conspirar con el Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012 para traficar droga. El caso incluye testimonios de exnarcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada, quien afirmó haberle entregado maletines con hasta 3 millones de dólares en sobornos.

Además de las acusaciones de colusión criminal, investigaciones periodísticas y la UIF revelaron que García Luna, junto con los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, construyó una red de empresas proveedoras de tecnología de vigilancia que obtuvo más de 745 millones de pesos en contratos públicos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En 2001, el presidente Vicente Fox lo nombró director fundador de la Agencia Federal de Investigación (AFI), señalada por casos de corrupción, desapariciones y torturas. Como secretario de Seguridad Pública, García Luna fue uno de los rostros más visibles de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Actualmente enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción, en un proceso que ha sido considerado uno de los más relevantes contra un exalto funcionario mexicano en ese país.

Presidenta municipal de Coalcomán, es investigada por sus presuntos vínculos con el CJNG y por el delito de desaparición de personas, de acuerdo con dos carpetas de investigación abiertas en su contra.

En diciembre de 2024, durante el 193 aniversario del municipio, el animador oficial del evento agradeció públicamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a dos de sus hijos y al jefe de plaza “Delta 1” por “poner una sonrisa” y entregar regalos a la comunidad, frente a cientos de asistentes, incluidos menores de edad.

De acuerdo con una investigación del periodista Manuel Espino del periódico El Universal, Ávila es prima de Mónica del Carmen Ávila, pareja sentimental de “Delta 1”, y estaría bajo indagatoria por sus presuntos nexos con la estructura criminal.

Las investigaciones continúan a nivel estatal y federal para determinar el alcance de sus presuntas relaciones con el crimen organizado.

Fiscal general de Nayarit entre 2013 y 2017, fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por conspirar para traficar drogas y colaborar con el CJNG y el Cártel de los Beltrán Leyva, facción “Los H”.

De acuerdo con investigaciones de la FGR y pruebas presentadas en cortes estadounidenses, Veytia recibió sobornos millonarios para permitir operaciones criminales en Nayarit sin intervención policial. Entre las evidencias en su contra figuraron comunicaciones directas con el “H2”, segundo al mando de los Beltrán Leyva, y testimonios de que entregó códigos especiales para que miembros de este grupo gozaran de inmunidad ante autoridades estatales.

Fue detenido en 2017 en San Diego, California, y en 2018 se declaró culpable. Su condena incluyó la conspiración para traficar 500 kilos de heroína, 100 de cocaína, 200 de metanfetaminas y 3 mil de marihuana hacia EEUU. Veytia también vinculó en su testimonio a figuras del sexenio de Enrique Peña Nieto, como el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, con líderes criminales.

Según el Buró Federal de Prisiones, obtendrá su libertad anticipada el 10 de octubre de 2025 tras colaborar con la justicia estadounidense, aunque desde febrero pasado no figura bajo custodia federal. Además, enfrenta demandas civiles en EEUU por tortura y despojo de bienes cuando fue fiscal.

Exdiputado federal y exfuncionario municipal, sigue prófugo de la justicia por presuntos vínculos con La Familia Michoacana y lavado de dinero. Durante su carrera política, habría recibido 25 millones de pesos de la organización criminal para financiar campañas políticas, según investigaciones de autoridades mexicanas.

En 2009 ganó la elección para diputado federal por el distrito 1 de Michoacán, pero no pudo tomar protesta debido a acusaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En diciembre de 2010, la Cámara de Diputados le retiró el fuero de manera unánime para enfrentar los cargos.

En 2011, se le imputó un nuevo cargo por lavado de dinero, mientras que conversaciones telefónicas con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, revelaron que Godoy Toscano informaba al cártel sobre avances de distintos candidatos y coordinaba gestiones con autoridades a través de su hermano, Leonel Godoy Rangel, entonces gobernador de Michoacán (2008-2012).

Actualmente, su medio hermano Leonel Godoy es diputado federal por MORENA (2024-2027).

Gobernador de Puebla entre 2005 y 2011, enfrenta acusaciones por su relación con redes de tráfico de menores, lavado de dinero y tortura, derivadas principalmente del caso de la periodista Lydia Cacho.

El caso se remonta a la publicación del libro Los demonios del Edén, donde Cacho documentó la participación de empresarios como Jean Succar Kuri y José Kamel Nacif Borge en una red de explotación infantil. Meses después, Marín Torres ordenó el secuestro y tortura de la periodista, aunque ella fue exonerada posteriormente. Por estos hechos, actualmente Marín cumple sentencia domiciliaria como autor intelectual de la tortura.

Durante su administración, se detectaron vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y sus operadores financieros, a través de la compra y gestión de múltiples aeronaves con valor millonario, utilizadas en operaciones vinculadas con esta organización criminal. Marín Torres poseía al menos once aeronaves de lujo, incluyendo helicópteros Bell 407 y 206, un Falcon 20, un Sabre Cinergo y cuatro Lear Jet 45.

Investigaciones periodísticas y de la UIF también documentaron la utilización de recursos públicos en empresas privadas, como Servicios Aéreos Milenio, y asociaciones empresariales ligadas a los Beltrán Leyva y a aliados políticos del PRI.

Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ha sido señalada en diversas investigaciones periodísticas y de inteligencia por presuntos vínculos indirectos con el Cártel del Golfo y redes de huachicol.

Según la investigación de Código Magenta, un grupo armado del Cártel del Golfo promovió su elección judicial, respaldando públicamente la campaña del gobernador Américo Villarreal, quien la designó como Consejera Jurídica antes de asumir la presidencia del Poder Judicial. Su primo, Juan José Contreras Castillo, tiene antecedentes de participación en la columna armada Pedro J. Méndez del CDG y enfrentó cargos por delincuencia organizada relacionada con el secuestro y tráfico de migrantes.

La FGR inició una investigación en su contra en mayo de 2025. Dicha investigación fue archivada antes del asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el 4 de agosto de 2025, sin que se estableciera vinculación entre Contreras y el crimen.

Gobernador constitucional de Sinaloa desde noviembre de 2021, ha sido vinculado en diversas investigaciones con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con investigaciones periodísticas y archivos de agencias de Estados Unidos, Rocha Moya habría contado con el apoyo de Los Chapitos como operadores políticos durante su campaña a la gubernatura en 2021. Testimonios presentados en una denuncia ante la Corte Federal de Nueva York en 2024 indican que el cártel habría financiado su campaña, entregando maletas con dinero en la casa de campaña, según declaró Jocelyn Hernández, subdelegada del Bienestar en Sinaloa y operadora política de Rocha.

Asimismo, se le ha vinculado con el asesinato de su rival político Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en el contexto del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien afirmó haber participado en reuniones con Rocha Moya y otros líderes para resolver diferencias entre políticos de Sinaloa.

Gobernador de San Luis Potosí (2021-2027), fue vinculado en diversas investigaciones con grupos delictivos como Los Zetas, el Cártel del Noreste y el CJNG.

En enero de 2015, la SEIDO de la entonces PGR lo acusó por el presunto desvío de 209 millones de pesos durante su gestión como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez. La investigación indicaba posibles vínculos de Gallardo con Los Zetas, hipótesis retomada posteriormente por la UIF, aunque no ha sido probada judicialmente. Ricardo Gallardo obtuvo un amparo que le permitió salir de prisión en diciembre de 2015.

Documentos filtrados por Guacamaya Leaks en 2022, obtenidos de la SEDENA, señalan que Gallardo habría mantenido vínculos con el CJNG, logrando un pacto de no agresión entre ese cártel, el Cártel del Golfo y la facción “Alemanes” del Cártel del Noreste. Según estos informes, autoridades estatales habrían colaborado en operaciones para favorecer al CJNG y encubrir homicidios. Además, Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Río Verde y aliado político de Gallardo, fue identificado como líder territorial de la célula “Los Talibanes” vinculada al CJNG.

En agosto de 2025, una narcomanta firmada por Alfredo Alemán Narváez acusó a Gallardo de traición y de apoyar al CJNG en San Luis Potosí. Por otra parte, la UIF denunció en 2020 a Gallardo y a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, por desviar y lavar 724.6 millones de pesos mediante 20 empresas y 19 personas físicas, presuntamente ligados a recursos públicos de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. A pesar de ello, la FGR archivó la investigación.