Desde cobros de 50 pesos por turista hasta exigencias de 60 millones de pesos a grandes destilerías; el edil utilizaba sellos de clausura para asfixiar a los comercios.
La captura de Diego Rivera Navarro ha revelado la magnitud del esquema de saqueo que operaba en Tequila, Jalisco. Investigaciones federales y testimonios de víctimas describen una administración que, lejos de servir a la ciudadanía, funcionaba como una maquinaria de cobro de piso institucionalizada, presuntamente bajo el cobijo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El abuso de poder no respetaba jerarquías. El caso más emblemático fue el asalto financiero contra la tequilera Jose Cuervo, a la que el ayuntamiento exigió un pago de 60 millones de pesos por concepto de predial, una cifra que duplicaba la recaudación anual de todo el municipio. Ante la negativa de la empresa, el alcalde ordenó colocar sellos de clausura, paralizando la producción hasta que la compañía cedió al pago de 17 millones de pesos para poder reabrir.
Extorsión a todos los niveles
El «derecho de piso» impuesto por Rivera Navarro alcanzó incluso al sector transporte y a los pequeños emprendedores. Según el expediente de la FGR y testimonios recogidos por medios nacionales:
Turismo: Se exigía una cuota de 50 pesos por cada turista que ingresaba al municipio en transportes turísticos.
Comercios locales: Pequeños negocios eran clausurados arbitrariamente. Una comerciante denunció haber pagado multas de más de 11 mil pesos sin lograr que le retiraran los sellos tras un año de asedio.
Cuotas fijas: Algunos locatarios reportaron exigencias de hasta 50 mil pesos para permitir la reapertura de sus negocios, sumado a mensualidades de 20 mil pesos para «garantizar» que no volverían a ser molestados.
El gobernador Pablo Lemus confirmó a finales de 2025 que al menos diez grandes empresas y hoteles ya habían formalizado denuncias por estas extorsiones. El uso de las facultades municipales para clausurar establecimientos se convirtió en la herramienta favorita de la administración de Rivera Navarro para forzar pagos ilegales que, en algunos casos, alcanzaron montos únicos de hasta 150 mil pesos por víctima, consolidando un régimen de asfixia económica que hoy lo mantiene en el penal del Altiplano.
Fuente: Fiscalía General de la República / Testimonios Ciudadanos | © Redacción NoticiasPV
