Los ‘coyotes’ no cuentan con instalaciones y por lo tanto tampoco están apegados a la legalidad ni tienen un contrato reglamentado ante la Profeco
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La Asociación Nacional de Directores de Funerarias en México denunció que la problemática de “coyotes”, que modifican certificados de defunción y encarecen servicios funerarios, “ya tiene mucho tiempo” y no empezó con la pandemia de COVID-19.
El vicepresidente de la Asociación, Roberto García, declaró a Notimex que los “coyotes” intermediarios existían desde antes de la crisis sanitaria de coronavirus y que, sin respetar los precios pactados, se instalan afuera de centros hospitalarios ofreciendo sus servicios funerarios.
García detalló que los “coyotes” no cuentan con instalaciones y por lo tanto tampoco están apegados a la legalidad ni tienen un contrato reglamentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Además, señaló que ofrecen los servicios “como si fueran cualquier agencia funeraria”, pero no respetan los costos o los incrementan conforme se realiza el proceso del servicio funerario.
“Nosotros nos enteramos por gente que nos comenta, que ellos al principio ofrecen precios bajos, y conforme va pasando el proceso del servicio, pues empiezan a cobrar cosas que ellos argumentan que no habían considerado y empiezan a aumentar el costo de los servicios”, comentó.
El vicepresidente informó que la agrupación de socios que representa no ha incrementado los precios por la pandemia de COVID-19. Añadió que la Profeco realizó una supervisión a principios de este mes y que, desde enero, pidieron un catálogo de precios para verificar que no se hayan aumentado los costos.
“Nuestros costos han aumentado, pero por lo menos nuestros asociados han hecho un acuerdo de no incrementar los precios al público; realmente nosotros estamos absorbiendo esa parte de incremento en nuestros costos de prestación de servicios, debido a la adquisición de equipos de protección personal”, dijo.
El representante señaló que el costo de los servicios incrementa al principio de todos los años por los insumos y servicios y sueldos. Por lo tanto, la Profeco revisa y reglamenta el catálogo de precios y servicios.
“Cada quien está en libertad de hacerlo, pero yo he escuchado que algunas personas incrementan sus precios en concordancia con la tasa de inflación en un 4 o 5 por ciento”, afirmó.
García argumentó que las funerarias en el país no están colapsadas, y que el servicio que se requiera se otorgará “sin ningún problema en la mayoría de los casos”. Sin embargo, admitió que en los hornos crematorios, específicamente los de la Ciudad de México, existe una ligera saturación.
Informó que se han identificado tiempos de espera de entre 24 y 36 horas para una cremación, pero conforme avanzan los días han reducido los tiempos. De acuerdo al vicepresidente, existen 40 crematorios en la capital, de los cuales la mitad son públicos y la otra mitad privados.
Los “coyotes” se dedican, a cambio de una gratificación monetaria, a expedir certificados de defunción, un formato gratuito emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) en el que médicos con cédula profesional vigente registran la causa de un deceso. Los “gestores” o “coyotes” ofrecen el documento colocando en él que muertes con síntomas de COVID-19 son por asma o neumonía atípica.
Como parte de un ejercicio periodístico, Animal Político recopiló información sobre las prácticas de dichos “gestores”, quienes se encuentran al interior de un juzgado habilitado extraordinariamente por el Registro Civil en la sede de la Agencia de Protección Sanitaria de la Sedesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Al plantearle al “coyote”, hipotéticamente, que un pariente de 40 años con un mal respiratorio crónico (asma) ha fallecido con síntomas de COVID-19, pero sin que se le hubiera hecho la prueba para confirmar, o descartar, la enfermedad, este respondió ofreciendo sus paquetes de servicio y garantizando, con la ayuda de un médico, clasificar la muerte como un caso de neumonía atípica, contrario a la indicación oficial de que a los pacientes como este sean inscritos como “probable COVID-19”.
De la misma forma, el proveedor de servicios afirmó que después de expedirse el certificado, obtendrá el acta de defunción en un día, cuando generalmente este demora de cuatro a siete días hábiles.
La Secretaría de Salud (SSa) reportó este viernes 29 de mayo que los contagios por COVID-19 acumulados son 84,627. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 9,415 fatalidades.
En el país hay 16,209 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 140,553 casos negativos, 38,846 sospechosos, y un total de 264,026 personas estudiadas, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 23,623, el Estado de México con 14,063, y Baja California con 4,886. La minoría está en Durango con 322, Zacatecas con 279, y Colima con 136.
La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 818 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Aguascalientes, Zacatecas, y Colima, son las tres con el menor registro.
La curva epidémica en el país al 29 de mayo mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La carga acumulada informa que existen 3,227 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 4.0% al día anterior.
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