La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que modifica el trato a los cargos no reconocidos en tarjetas, marcando un giro decisivo para el sistema financiero.
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En un fallo que sacudió al sistema financiero mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que redefine la relación entre bancos y usuarios: en los juicios por cargos no reconocidos en tarjetas o cuentas, serán las instituciones financieras las que deban probar que el cliente autorizó y realizó cada operación.
La resolución, presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar, sorprendió al sector bancario, que no fue notificado con anticipación sobre la discusión del tema en la sesión plenaria.
Según cuenta Jeanette Leyva Reus, el gremio no tuvo oportunidad de exponer sus argumentos, lo que incrementó el desconcierto y las reacciones al interior de la banca.
En su columna de este jueves, Jeanette Leyva Reus señala que el cambio llega en un momento complicado para las instituciones financieras, que ya enfrentan presiones externas —como las acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos— y un entorno local más exigente en materia de protección al consumidor financiero.
¿Qué establece la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte?
De acuerdo con la resolución de la Corte, en los litigios por cargos no reconocidos, ya no bastará con que el usuario no se presente a la audiencia para que se asuma, mediante la llamada “confesión ficta”, que consintió las operaciones.
Ahora, los bancos estarán obligados a demostrar con documentos claros y procedimientos confiables que fue efectivamente el cliente quien autorizó y realizó la transacción.
Esto significa que las instituciones deberán acreditar que:
- Sus sistemas operaron correctamente.
- El proceso de autorización siguió los pasos acordados con el cliente.
- La documentación respalda la autenticidad de la operación.
Solo después de cumplir con esos requisitos, el banco podrá revertir la carga de la prueba y exigir al usuario que demuestre que no realizó la operación.
Protección reforzada para usuarios bancarios
Jeanette Leyva Reus señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que la medida busca fortalecer la protección de los clientes financieros, impedir que se les atribuyan cargos indebidos y promover una mayor transparencia en las operaciones bancarias.
Al eliminar el uso de la confesión ficta —una figura que permitía dar por hecho que el cliente aceptó los cargos al no comparecer en juicio—, la Corte coloca al usuario en una posición más equitativa frente a las instituciones.
Los ministros sostuvieron que esta decisión obliga a los bancos a actuar con mayor rigor legal y técnico, garantizando que los procedimientos de autenticación sean confiables y verificables.
Impacto en la banca mexicana
En su columna titulada ‘¿Guerra contra la banca? (I)’ jurisprudencia aprobada marca un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, lo que implicará un cambio significativo en la forma en que los bancos defienden sus casos.
Hasta ahora, las instituciones financieras solían apoyarse en la falta de comparecencia de los clientes para justificar que las operaciones eran válidas.
Con la nueva disposición, el peso probatorio recaerá en la banca, que deberá mejorar sus sistemas de verificación, registro y documentación electrónica.
“Para la Corte, según explicaron, el tomar este camino es porque se fortalece así la protección de quienes utilizan servicios bancarios, impide que se les atribuyan cargos indebidos y obliga a las instituciones financieras a actuar con transparencia y conforme a la ley”, señaló Jeanette Leyva Reus.
¿Qué significa esta decisión para los usuarios?
La columnista destaca que en términos prácticos, los clientes ya no tendrán que declarar ni ser interrogados sobre si realizaron las transacciones.
A partir de ahora, serán los bancos los que deban probar la legitimidad de los cargos.
El fallo de la Corte se interpreta como un paso hacia una “justicia financiera más social”, donde el consumidor no parte de una posición de desventaja frente a instituciones con mayores recursos técnicos y legales.
La decisión refuerza la tendencia de los últimos años en México: fortalecer la protección al usuario en temas de créditos, cuentas digitales y tarjetas bancarias, así como exigir a las instituciones procesos más transparentes.