La Fiscalía estatal investiga el destino de fondos públicos y mantiene activa la búsqueda de su esposo, un exfuncionario clave en el caso
La justicia de Sonora dio un paso relevante en el combate a la corrupción al imputar formalmente a Andrea Fernanda “N” por enriquecimiento ilícito y ordenar su ingreso a prisión preventiva justificada.
La funcionaria, vinculada a un esquema de desvío de recursos públicos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), enfrenta estas medidas tras una audiencia celebrada el 8 de septiembre de 2025 en Hermosillo. El caso también involucra a su cónyuge, ex administrativo del CECOP, quien permanece prófugo y es señalado como pieza clave en la operación.
“Entre los bienes y gastos identificados destacan: una casa habitación en un residencial de alta plusvalía con valor de varios millones de pesos, el pago de su boda, en 2025, en Los Lagos con cientos de invitados y transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre de su cónyuge.
“Asimismo, se han asegurado bienes y cuentas bancarias, además continúan las diligencias para documentar otras adquisiciones producto del delito”, informó la FGJES.
Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que Andrea Fernanda “N” debía permanecer privada de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica, con el objetivo de asegurar su presencia en el proceso penal.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que la imputación por enriquecimiento ilícito se suma a una vinculación previa por peculado, ampliando así la acción penal en su contra.
Avance en las investigaciones estatales
La investigación ministerial sostiene que la imputada participó activamente en el ocultamiento y manejo de fondos desviados del CECOP, en colaboración con su cónyuge. Este último, quien fungía como administrativo en el organismo, es buscado por las autoridades tras evadir la acción de la justicia. El esquema de desvío, según la FGJES, permitió el movimiento de más de 106 millones de pesos a través de diversas operaciones financieras.
Entre los bienes y gastos detectados por la fiscalía figuran una residencia ubicada en un fraccionamiento de alta plusvalía, cuyo valor asciende a varios millones de pesos, así como el pago de una boda celebrada en 2025 en Los Lagos, evento que reunió a cientos de invitados. Además, se identificaron transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre del cónyuge de la imputada.
Acciones y sanciones de la FGJES
Como parte de las acciones para asegurar el producto del delito, la FGJES informó sobre el aseguramiento de bienes inmuebles y cuentas bancarias relacionadas con el caso. Las diligencias continúan con el propósito de documentar otras adquisiciones que pudieran estar vinculadas al enriquecimiento ilícito.
El proceso judicial seguirá su curso con la continuación de la audiencia programada para el 12 de septiembre de 2025, fecha en la que se definirá la situación jurídica de Andrea Fernanda “N”.
Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda del cónyuge de la imputada, considerado el principal responsable del desvío de recursos públicos, y han reiterado su compromiso de informar sobre cualquier avance relevante conforme lo permitan los procedimientos legales.