En opinión de analistas, el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz, el martes 16 en Colima, forma parte del aumento de la violencia criminal en México. Pese a la gravedad del problema, indican, no se ve una estrategia federal ni una decisión del presidente López Obrador de combatir a fondo a la delincuencia organizada, sino, por el contrario, una actitud conciliatoria.
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El imparable incremento de la violencia se debe a la debilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los grupos de la delincuencia organizada, pues optó por verlos y tratarlos como víctimas, en lugar de aplicar la ley y confrontarlos, coinciden analistas en seguridad.
Recuerdan que, aunque sin éxito, es la primera vez que un presidente gira instrucciones a cuatro secretarios de Estado para que intercedan ante el gobierno de Estados Unidos por la familia de un narcotraficante, como es el caso de Joaquín Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua, para que ese país le otorgue a la madre y a sus dos hermanas una visa “humanitaria” para visitarlo en la cárcel. Integrantes de otros cárteles no han recibido el mismo trato, coinciden analistas en seguridad.
Antes de ser entregado al gobierno de Estados Unidos, Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), también envió una carta al presidente; le dijo que en México ha sido absuelto en todos sus procesos, que se violaron sus derechos humanos y que las autoridades “le han hecho la vida imposible a él y a su familia”. Y le pedía su intervención para evitar ser extraditado.
El 11 de diciembre de 2019 el portal web de este semanario publicó la carta de dos cuartillas, escrita de su puño y letra, y que en exclusiva entregó a Proceso el abogado Víctor Beltrán García:
“Estoy de acuerdo con el cambio de la 4 transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió señor presidente –Andrés Manuel López Obrador–, pero estoy seguro que saldrá adelante porque usted tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo esta transformación cuente con mi apoyo”, se lee. No tuvo respuesta.
En cambio, Consuelo Loera, madre de El Chapo, el 29 de marzo, en la visita que realizó el mandatario a Badiraguato, la tierra del narcotraficante, le informó: “Estamos en contacto directo con quienes usted designó, los secretarios de Segob, SRE, SHCP y FGR, para la repatriación de mi querido hijo a donde debe de estar, una cárcel de México (…). Desgraciadamente las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria me fue negada”.
Eduardo Guerrero, analista en seguridad, habla sobre la lectura del asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, en Colima, el pasado martes 16, calificado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como “crimen de Estado”:
“Sé que estuvo involucrado en el juicio del Z40 y de El Menchito, a quien le impidió ser movido de penal. Sería superficial mi lectura, pero por la manera en que los mataron, está vinculado con el crimen organizado esto es muy claro y es una advertencia a los otros jueces, sobre qué les puede pasar si sus fallos no se alinean a los deseos de estos personajes. Es lamentable que le hayan retirado los guardaespaldas.”
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