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Estos dos grupos de profesionistas no efectuaron los reportes de operaciones sospechosas como debían para alertar a las autoridades sobre actividades probablemente ilícitas, alertó.
Angélica Dorantes, especialista en temas de prevención de lavado de dinero, explicó que si bien el sistema financiero mexicano mostró solidez y se tiene en el país un marco legal adecuado, en la revisión hecha por el GAFI el organismo señaló una preocupación particular porque los abogados y contadores no hayan presentado un sólo reporte de este tipo de operaciones.
En este sentido, agregó que no se cumplió la recomendación 23 referente al sector comercial; en tanto, la comprensión de los riesgos vinculados con el lavado de activos no está plenamente desarrollada.
De acuerdo con la recomendación del GAFI, se debe mejorar la comprensión de las instituciones financieras y comerciales (particularmente los notarios, abogados y contadores) sobre los riesgos del lavado de activos generados por la corrupción y su capacidad de gestionarlos.
Llamó a realizar un análisis de la corrupción como amenaza, determinar si el beneficiario final es una Persona Políticamente Expuesta (PEP) y a aplicar controles.
Asimismo, sugirió extender los requisitos sobre las PEP a las entidades comerciales, y establecer pautas para evaluar y gestionar el riesgo de las PEP nacionales.
Por otra parte, Silvia Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevensión de Lavado de Dinero (PLD) y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, señaló que la observación hecha por el GAFI sobre los contadores es errónea, debido a que en los últimos cinco años el gremio ha tomado diversos cursos, diplomados, seminarios, talleres e incluso pronto tendrán la maestría en PLD avalada por la SEP.
La también vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Colegio de Contadores Públicos de México añadió que les parece errónea la percepción del GAFI respecto a que el gremio de contadores no ha tenido avances en el combate y prevención del lavado de dinero, y adelantó que les manifestarán su extrañamiento.
En el reporte, el GAFI expuso además que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con recursos suficientes y que no tiene la facultad para monitorear el cumplimiento de las medidas.
En este sentido, señaló que en los últimos tres años el SAT inspeccionó menos de 0.2 por ciento de las entidades por las cuales es responsable.
“La gran cantidad de entidades por las cuales el SAT es responsable representa un desafío material para la comprensión del riesgo a nivel de los negocios individuales”, indicó en el reporte sobre el cumplimiento de las medidas anti lavado en México.
Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda arrojan que en 2017 se reportaron 178 mil 211 operaciones inusuales.
