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CIUDAD DE MÉXICO.
Antonio Tarek Abdalá, extesorero del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa podrá ser juzgado en septiembre de 2018, cuando termina la legislatura federal, pues el fuero lo protege.
Adicionalmente, el diputado federal priista cuenta con un amparo contra el juicio de desafuero promovido por la Fiscalía General de Veracruz.
Esto implica que la acción penal que se pretende ejercer en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad se encuentra interrumpida por el tiempo que dure su encargo como diputado federal y que la Fiscalía Estatal puede continuar con sus investigaciones y ejercer acción penal en contra del servidor público cuando éste termine su función pública”, precisa el documento de análisis de la defensa del que Excélsior tiene copia.
Otro argumento de la defensa para solicitar a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que determine improcedente la solicitud de desafuero presentada es que la acusación está sustentada en hechos sobre los que no tiene competencia para conocer.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, acusa a Abdalá de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos por hasta 23 mil 156 millones de pesos.
Javier Duarte está acusado de delincuencia organizada y se espera sea extraditado de Guatemala, donde está preso.
El extesorero deberá responder respecto de cuatro carpetas de investigación”, señaló el fiscal de Veracruz.
SÍ PODRÁN JUZGAR A TAREK… EN 2018
La Fiscalía de Veracruz sí podrá ejercer acción penal en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal del PRI por Veracruz, y seguirlo investigando, pero será hasta concluir la actual Legislatura, el último día de agosto de 2018, aseguró la defensa.
Entre otras razones están tanto el amparo interpuesto para suspender la acción penal en contra del veracruzano y el mandato constitucional, según argumentaron.
“Esto implica que la acción penal que se pretende ejercer en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad se encuentra interrumpida, en cuanto dure su encargo como diputado federal”, precisa un documento de análisis de la defensa del que Excélsior tiene copia.
Agrega que la Fiscalía de Veracruz puede continuar con sus investigaciones y ejercer acción penal en contra del servidor público, pero “cuando éste termine su función”,
Tarek Abdalá es investigado por peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos del erario de Veracruz, cuyo quebranto sumaría hasta 23 mil 156 millones de pesos.
ARGUMENTOS
En el apartado quinto del documento, donde se exponen los alegatos de la defensa entregados a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, se señala que la Constitución establece que los plazos de prescripción se interrumpirán en el caso de delitos cometidos por servidores públicos con inmunidad procesal, en tanto estén en funciones.
Arguyen que es imposible sujetar al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, hoy preso en Guatemala, a un juicio de declaración de procedencia, porque en este proceso “jamás se ha investigado la comisión de un delito cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones en materia estatal”.
En el último apartado del primer alegato se le solicita a la Sección Instructora que determine improcedente la solicitud de desafuero, presentada por la Fiscalía General de Veracruz, porque está sustentada en hechos sobre los que no tiene competencia.
Las carpetas de investigación C.I. FESP/385/2016/I-11 y C.I. FESP/386/2016/I-11, iniciadas el día 7 de noviembre de 2016 afectan directamente a la Hacienda Pública Federal, por lo que la autoridad competente para denunciar dichos ilícitos sería, en todo caso, la Auditoría Superior de la Federación, y el órgano investigador competente para conocerlos sería la Procuraduría General de la República”, refiere el análisis.
Adicionalmente, la defensa reviró que los hechos materia de dichas carpetas de investigación están siendo investigados en averiguaciones previas por la PGR, por lo que, en caso de que la Fiscalía de Veracruz continúe con sus investigaciones, estaría violando el principio de prohibición de doble juzgamiento, en perjuicio de Abdalá Saad.
JUSTICIA A MODO
La defensa acusó que aunque la Constitución de Veracruz se reformó para darle autonomía del Ejecutivo estatal, que permitiera realizar investigaciones imparciales y objetivas, el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, estaría usándola como una Procuraduría a su cargo, persiguiendo a todos aquellos servidores públicos que desempeñaron alguna función bajo la administración de Javier Duarte.
En tales términos, la Sección Instructora, al rendir el dictamen correspondiente, debe determinar que no se debe proceder penalmente en contra de Antonio Tarek Abdalá Saad ya que las imputaciones que se le atribuyen no sólo no están debidamente sustentadas, sino que se encuentran basadas en motivaciones políticas”, subraya el argumento jurídico entregado en San Lázaro.
En este contexto, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados no emitió dictamen ni en favor ni en contra del desafuero del diputado priista, bajo el argumento de que el legislador cuenta con un amparo para suspender las acciones penales en su contra, lo que imposibilitaría a la Fiscalía estatal sujetarlo a proceso, y será hasta 2018 cuando pueda retomarse el caso.
MURGUÍA LAMENTA RESULTADO
La panista Guadalupe Murguía, quien preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lamentó que el PRI haya enfrascado la resolución para quitar el desafuero a Antonio Tarek Abdalá.
En entrevista, momentos antes de entrar en la sesión ordinaria del Consejo Nacional del PAN, la legisladora federal apuntó que si algo molesta a la ciudadanía es, precisamente, que un funcionario evada la justicia cuando comete algún tipo de acto ilícito.
Es lamentable que así haya sido, porque particularmente en la Cámara tenemos que acreditar cuál es el sentido y la labor de un diputado, y desde luego no es caer en ningún tipo de encubrimiento ni simulación”.
La panista también reconoció que el combate a la corrupción y a la impunidad es uno de los reclamos más vigentes de la sociedad mexicana, por lo que este resultado deja un “desaliento” al ciudadano.
Lo que se está pidiendo es, precisamente, castigo a quienes han cometido actos de corrupción; por lo menos que den la cara, que enfrenten las posibles responsabilidades de sus actos y que no se escuden en el fuero.
Creo que si algo le molesta a la ciudadanía del fuero es, precisamente eso, que sea una manera de evadir.
Que un funcionario o exfuncionario público esté en la condición de cualquier persona, es decir, que dé la cara y enfrente la responsabilidad”, manifestó.
La Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del legislador en enero, pero éste se amparó desde diciembre.
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