En nuestra memoria colectiva quedará un antes y un después del 22 de febrero de 2026.
Exigen al gobierno federal investigue actuar de organismos de emergencia, principalmente de las comisarías durante los hechos del pasado 22 de febrero.
En mítin realizado este domingo en el teatro del malecón, colectivos revelaron también que a la fecha existen 113 casos de violencia debidamente registrados en contra de mujeres.
Al hacer uso de la voz mujeres de colectivos manifestaron su exigencia al Gobierno Federal para que realice una investigación profunda del actuar de las comisarías de seguridad ciudadana y de los cuerpos de atención a emergencias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, desde las líneas del 911 hasta la actuación del primer respondiente, durante los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2026.
En nuestra memoria colectiva quedará un antes y un después del 22 de febrero de 2026.
Por otra parte, destacaron que hoy, 8 de marzo de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el colectivo Familias Unidas Contra los Feminicidios, el Colectivo de Mujeres Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) denunciamos que en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas aún no se garantizan a niñas y mujeres sus derechos humanos ni el acceso efectivo a la justicia.
Persisten de manera sistemática y estructural las violencias machistas, la discriminación y las desigualdades que vulneran nuestra vida, nuestra libertad y nuestra seguridad.
A nivel global, la desigualdad también es una realidad. Actualmente, las mujeres contamos únicamente con el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres.
En áreas fundamentales de la vida —como el trabajo, el acceso al dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación- la ley continúa colocándolos en desventaja (ONU, 2026).
Pero que quede claro: los gobiernos no volverán a tener la comodidad de nuestro
Silencio.
Hace casi diez años, las colectivas aquí firmantes comenzamos a articularnos y acompañarnos. Salimos a las calles, ocupamos el espacio público y tomamos la palabra para visibilizar una realidad que durante mucho tiempo se quiso negar: Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no eran —ni son— espacios seguros para niñas y mujeres.
Dejamos las casas, las aulas, las instituciones y los lugares de trabajo para demostrar que sin nosotras y sin nuestro trabajo productivo y reproductivo el mundo no avanza.
Entonces nos llamaron exageradas, locas, migrantes, extranjeras. Dijeron que no queriamos a Vallarta.
Pero el tiempo ha sido claro y la realidad ha terminado por evidenciar el nivel de violencia e inseguridad que se vive en nuestra región.
En nuestra memoria colectiva quedará un antes y un después del 22 de febrero de 2026.
Ese día —que nombramos como un domingo negro para Puerto Vallarta y Bahía de
Banderas— miles de niñas y mujeres vivimos miedo y terror colectivo.
Ese día quedó en evidencia que la llamada «Ciudad de las Mujeres» no se construye desde el marketing político ni desde los escritorios.
También denunciamos un discurso público que afirma trabajar por las mujeres pero sin las mujeres.
Nuestra región aún no cuenta con paridad real ni horizontal ni vertical, y muchas de las mujeres que llegan a cargos o designaciones públicas lo hacen sin formación en derechos humanos ni perspectiva de género, reproduciendo lo que hoy se conoce como lavado lila o purple washing.
Un ejemplo preocupante de ello es la reciente difusión pública del dispositivo de emergencia denominado «Pulso de Vida»
, presentado por el gobierno municipal como
una medida de protección para mujeres en riesgo.
Ya que se expuso públicamente el diseño, funcionamiento y características de un botón de pánico destinado a mujeres con órdenes de protección comprometiendo su eficacia, poniendo en riesgo a las usuarias y vulnerando los principios básicos de confidencialidad y seguridad.
La protección de las mujeres no puede convertirse en un acto de propaganda institucional. Los mecanismos de emergencia deben manejarse con estricta reserva, protocolos especializados y evaluación real de riesgo, no con fines mediáticos.
También señalamos la falta de transparencia y resultados en programas anunciados como políticas de apoyo para las mujeres.
A inicios de 2025 se anunció el programa «Mujer Emprende», mediante el cual el Instituto Municipal de la Mujer ofrecía apoyos económicos para mujeres que quisieran iniciar o fortalecer un negocio. Sin embargo, hasta la fecha no existe información pública clara sobre el número de beneficiarias, los criterios de asignación ni los resultados del programa.
Las políticas públicas para las mujeres deben construirse con transparencia, seguimiento y rendición de cuentas, no únicamente como anuncios o compromisos de campana.
Desde el inicio de nuestro caminar colectivo hemos sostenido que la participación política de las mujeres también ocurre en las calles.
Es en el espacio público donde surge una política feminista que nace desde la cuerpa, el territorio y la memoria.
Aquí nos encontramos, nos tejemos y nos acompañamos en esta lucha por verdad, memoria y justicia para todas las niñas y mujeres.
* Memoria: porque no olvidamos.
* Verdad: porque exigimos información certera, transparente y completa.
* Justicia: porque no aceptamos la impunidad y exigimos castigo a los responsables.
Por las niñas, adolescentes y mujeres de hoy y por las que vendrán es que este 8M:
* Exigimos mecanismos eficientes de protección de los derechos de niñas y mujeres.
* Exigimos la implementación de políticas públicas con enfoque de género.
* Exigimos jueces y juezas que juzguen bajo el principio del interés superior de la niñez y perspectiva de género.
* Exigimos cuerpos policíacos educados en los derechos humanos de las mujeres.
* Exigimos garantizar la confidencialidad y correcta operación de los mecanismos de protección para mujeres en riesgo, como el dispositivo «Pulso de Vida» evitando su difusión pública y asegurando protocolos estrictos de seguridad para las usuarias.
* Exigimos que cada una de las carpetas de investigación abiertas en la dirección regional de la Fiscalía de Puerto Vallarta, se investiguen apegadas a los derechos humanos de las mujeres y que cese la violencia institucional.
* Exigimos al Gobierno Federal una investigación profunda del actuar de las comisarías de seguridad ciudadana y de los cuerpos de atención a emergencias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, desde las líneas del 911 hasta la actuación del primer respondiente, durante los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2026.
